12 jul. 2024

Pasa al archivo la ley que permite falsear declaraciones juradas

La Cámara de Diputados aceptó este miércoles el veto que dio el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la ley que permite el falseamiento de las declaraciones juradas. El mismo ya había quedado sin efecto cuando fue aceptado por el Senado. Ahora pasó al archivo.

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Sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de este miércoles.

Foto: Dardo Ramírez.

El Ejecutivo había vetado el proyecto bajo el argumento de que el texto quedó sin esencia al no contemplar ninguna pena para los infractores.

A través del Decreto 3708 objetó totalmente el proyecto de ley “Que modifica varios artículos de la Ley 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos” y su modificatoria Ley 6355/2019.

La Cámara de Senadores aceptó el veto el pasado 18 de junio y en esa ocasión la normativa ya quedó sin efecto, puesto que para rechazar el veto se requiere que ambas cámaras legislativas estén de acuerdo.

Nota relacionada: Senado acepta veto presidencial de la ley que permite falsear declaraciones juradas

La Cámara Baja lo trató este miércoles en una sesión extraordinaria virtual y presencial.

Los diputados decidieron también aceptar el veto que dio el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sin muchos preámbulos, con lo que el documento pasó al archivo.

El documento que despenaliza la información falsa de bienes había sido sancionada por el Congreso.

Lea más: Mario Abdo vetó ley que habilita a falsear declaraciones juradas

Las modificaciones fueron introducidas en la Cámara de Diputados, por colorados y liberales, mediante una jugada para adelantarse a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Asimismo, la normativa vetada contemplaba que la declaración jurada (DDJJ) solo será proveída mediante una orden judicial.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia votó días después a favor de la publicidad de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, tras una acción presentada por la Contraloría General de la República (CGR).

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