Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, habló sobre la situación del ex presidente de la República Horacio Cartes y su vinculación con negocios offshore en los Pandora Papers (Papeles de pandora).
Mencionó que en la declaración jurada del ex jefe de Estado de los años 2013 y del 2018, antes y después de ser presidente de la República, no mencionó la existencia de la empresa Dominicana Acquisition SA. Se trata de una sociedad incorporada en Panamá en el 2011 a través de OMC Group.
De acuerdo al alto funcionario del ente contralor, Cartes recién en setiembre de este año, hace unos días, presentó una rectificación a su declaración jurada e incluyó a la mencionada firma.
“Eso se encuentra en el sistema integrado de declaraciones juradas”, precisó Torres en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Indicó que ahora corresponde analizar las declaraciones juradas y verificar la rectificación que presentó el ex presidente jefe de Estado para verificar la veracidad de los documentos presentados.
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En otro momento de la entrevista, Torres precisó que analizarán la declaración jurada e informarán “así mismo como lo encuentran” y que el Ministerio Público será el encargado de “manifestar si hubo declaración falsa o no”.
“Si encontramos inconsistencias vamos a remitir a la Fiscalía”, expresó.
Los Papeles de Pandora consisten en la filtración de 11,9 millones de documentos; entre los 35 ex presidentes encontrados en los archivos, está Cartes.
Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que incluían bienes por valor de más de un millón de dólares.
A través de una de las compañías, con sede en Panamá, tenía una cuenta en un banco del territorio nacional y un apartamento en Miami.
Un apoderado legal de Cartes admitió el vínculo con una sociedad y aseguró que reportaron la actividad ante las autoridades fiscales, señala la investigación publicada en El País, de España.
Las sociedades offshore son consideradas a las cuentas radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, son legales siempre que el propietario las declare en el país en el que reside.
No obstante, la mayoría de las veces se las usa para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño.
Esta investigación salió a luz gracias a una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucró a más de 600 periodistas de 117 países, que analizó durante dos años los 11,9 millones de documentos.
