La resolución emitida por el juez penal de Garantías Raúl Florentín ordena a la Contraloría General de la República publicar las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de todos los funcionarios públicos desde el año 1992 hasta el 17 de junio de 2020, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
La publicación debe ser “en lo relacionado con su situación patrimonial” a través de la página web del ente contralor, obviando todos aquellos datos exceptuados por la Constitución y las leyes.
La resolución se dio a raíz de un amparo constitucional presentado por el periodista Juan Carlos Lezcano, bajo patrocino de los abogados Ezequiel Santagada, Federico Legal y Natalia Gagliardone. La publicación de todo esto -son más de 1.500.000 declaraciones juradas- debe darse en menos de seis meses, según la resolución del magistrado de Asunción.
En junio de este año, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ya emitió un fallo que disponía la publicación de las declaraciones juradas. Sin embargo, solo incluía las de funcionarios de entre 1998 y 2017.
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De esta manera, el fallo del juez Florentín amplía aun más el espectro de trabajo de la Contraloría, que ahora deberá intensificar trabajos para publicar los documentos sobre los bienes y rentas de todos los funcionarios del país desde 1992.
Desde su cuenta de Twitter, el abogado Federico Legal comentó que al contestar el amparo, la Contraloría señaló que no apelaría la decisión del juez Florentín.
