Tras casi dos semanas de demora, el Congreso Nacional finalmente remitió este martes al Poder Ejecutivo el cuestionado proyecto de ley que busca despenalizar el olvido de informaciones durante la presentación de la declaración jurada de bienes (DDJJ).
Ahora, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene un plazo de seis días hábiles para beneficiar a los funcionarios públicos con su promulgación o para vetar el documento. Varias organizaciones exigen lo segundo al jefe de Estado.
En contacto con Última Hora, el secretario general del Congreso, Antonio Sánchez, explicó que la dilación para remitir la propuesta al Ejecutivo se dio principalmente debido a que el presidente del Senado, Óscar Cachito Salomón, realizó un viaje al exterior y se esperó a que retorne para firmar.
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Salomón se había trasladado hasta Buenos Aires, Argentina, para participar de actos proselitistas en compañía del vicepresidente de la República y actual precandidato a jefe del Ejecutivo, Hugo Velázquez.
En ese sentido, Sánchez señaló que el senador regresó el último miércoles 18 de mayo y que ese mismo día se le hizo firmar el documento, misma fecha en la que se remitió a la Cámara de Diputados.
“Ese mismo día se envió a Diputados y hoy ya enviaron al Ejecutivo. No hay ninguna especulación al respecto y cuando un proyecto es complejo lleva su tiempo de proceso. No es que se aprueba enseguida”, argumentó el secretario general.
La propuesta, que fue sancionada por el Congreso Nacional el pasado jueves 12 de mayo, pretende despenalizar el ocultamiento de bienes, mientras que los cartistas aseguran que esto solo pretende que no se sancione a los olvidadizos.
Se trata de la normativa ”que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16 y 21 de la Ley 5033/13 ‘que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley 6355/19'”.
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Una propuesta original fue presentada por la Contraloría General de la República en la Cámara de Diputados, donde se realizaron algunas modificaciones y fue remitida al Senado. En este segundo espacio se consignó la controversial modificación que permite dejar sin sanciones a quienes omiten bienes en su declaración jurada.
Distintos gremios industriales y de la producción se pronunciaron contra la ley y aseguraron que esto será una puerta “a la impunidad, corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia”. Hicieron un llamado a las instituciones a que verifiquen el contenido del documento “para no ser cómplices o encubridores”.
