El director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Rogelio Goiburú, sostuvo que la primera medida que debe tomar el Estado es enseñar el informe de la Comisión de Verdad y Justicia en las escuelas para que el terrorismo de Estado no vuelva a ocurrir.
La presencia de familias enteras de indígenas en la capital para presentar reclamos se ha convertido en un evento repetido a lo largo de cada año. Pero, la reacción, tanto de la sociedad como del Gobierno ha sido siempre insuficiente. La última acción de la pasada semana incluyó una mesa de diálogo y tras negociaciones las familias retornaron a sus comunidades. Los indígenas habían llegado desde Canindeyú y Caaguazú para denunciar que fueron abandonados por las autoridades y retornaron cargando nuevas promesas. El Estado paraguayo tiene la obligación de atender los reclamos de los pueblos originarios y no solamente aplazar el tratamiento de los mismos. Paraguay se define como un país pluricultural y reconoce las lenguas indígenas como patrimonio cultural de la Nación, por tanto, debería respetar también a las personas que hablan esas lenguas.
Unos 200 indígenas de la parcialidad Mbya Guaraní vuelven este viernes a sus comunidades tras lograr una mesa de diálogo, luego de permanecer 10 días en la capital exigiendo que sus reclamos sean atendidos por las autoridades.
Los efectos del cambio climático ponen en relieve la desigualdad social en Paraguay, pues la población empobrecida es la que sufre en primera línea el impacto porque no tiene condiciones para defenderse de los fenómenos extremos como el caso de la sequía que, en su consecuencia más trágica, ocasiona la muerte.
La CEP emitió una carta abierta dirigida a las autoridades, donde cuestiona los constantes desalojos de comunidades indígenas, exige el respeto al derecho a la tierra y recomienda derogar la ley que criminaliza la invasión de inmuebles.
La comunidad indígena Amistad anunció que desde este lunes iniciará una movilización en reclamo por el incumplimiento de una promesa por parte de la Gobernación de Boquerón.
El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, recibió una denuncia desde el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (Ceidra) contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
