03 mar. 2024

Editorial

La deuda pública sigue por la senda del crecimiento y ya llegó a los USD 16.566 millones al cierre del 2023, según el informe publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. A este monto hay que agregarle la reciente emisión de USD 1.000 millones. El pago de los servicios de la deuda ya está limitando la inversión en sectores claves, como la salud y la educación, por lo que, a pesar de que el análisis de sostenibilidad sea optimista en términos de capacidad de pago, las consecuencias en la población serán negativas.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
Cada día se suceden los hechos delictivos que impactan en la ciudadanía, hasta el punto de que estos eventos prácticamente están normalizados. La violencia urbana afecta a las personas en las paradas del transporte público, en las calles y en los espacios públicos, mientras las autoridades del país continúan sin ofrecer respuestas, salvo alguna estadística surrealista. La inseguridad se suma de esta manera a la lista de deudas del Estado paraguayo, que tampoco ofrece a la población educación de calidad, salud pública, empleo digno ni servicios eficientes.
Creado hace 81 años, el Instituto de Previsión Social tiene como finalidad brindar asistencia a sus asegurados en caso de enfermedad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y proporcionar una jubilación o una pensión al trabajador titular. Es una institución fundamental para el trabajador, y ha quedado demostrado que es imprescindible, a pesar inclusive de la corrupción y la mala gestión que consume sus recursos. Urge recuperar IPS para la mejor asistencia y asegurar a miles de paraguayos una digna jubilación.
Ya no quedan dudas de que la democracia en Paraguay está en riesgo. En la Cámara de Senadores, el sector colorado cartista y sus satélites no solo forzaron un reglamento para lograr la pérdida de investidura de una senadora de la oposición, sino que además resulta preocupante que lo hayan hecho como una forma de acallar voces críticas. Pasar por encima de la Constitución Nacional y pretender la uniformidad de todas las ideas y opiniones no es democracia. Están a un paso de causar un quiebre, y eso la ciudadanía no debe permitirlo.
El alto peso de las remuneraciones en el total del gasto público siempre llama la atención de la ciudadanía, a pesar de que con respecto a otros parámetros está por debajo de los estándares internacionales. Esto no sería un problema si fuese acompañado por calidad en la gestión pública, lo cual nunca será posible sin una carrera seria y rigurosa en la función pública basada en méritos y resultados de la gestión. Los casos de nepotismo muestran la fuerte injerencia político-partidaria en las decisiones que se refieren a los recursos humanos.
El contexto económico internacional cambió con respecto a los últimos años. La demanda externa favoreció a Paraguay como productor y exportador de commodities de bajo valor agregado y calidad. Hoy, el mundo exige estándares de calidad a la producción y la juventud paraguaya busca empleos en mejores condiciones que en el pasado. Esos resultados solo son posibles con emprendimientos e inversiones productivas, lo que a su vez exige seguridad jurídica, una condición debilitada por la actuación irresponsable de los políticos.
La seguridad laboral no puede ser considerada como una concesión a los trabajadores, pues es uno de los derechos básicos. En la última semana, hubo dos accidentes en fábricas por fuga de amoníaco. Uno dejó dos fallecidos y decenas de heridos; un obrero resultó herido por el derrumbe de un silo y varios obreros quedaron atrapados en un edificio en construcción debido a un incendio. El Estado debe asumir su rol y garantizar que las empresas cumplan con los estándares de seguridad y protejan la vida de los trabajadores.
Después de observar la manera en que la mayoría colorada cartista y sus satélites operaron para lograr la pérdida de investidura de la senadora opositora Kattya González, resulta más que evidente que esta mayoría parlamentaria podría, si así lo quisiese, resolver de manera expeditiva el tema del nepotismo o formular desde esa instancia algunas respuestas a algunos de los más acuciantes problemas que aquejan al país. No cabe, sin embargo, en este tema ninguna dosis de ingenuidad cuando la fuerza termina imponiéndose a la razón.
El Senado aprobó, finalmente, la resolución por la cual pierde su investidura la senadora Kattya González. El bloque colorado cartista y sus satélites consumaron un verdadero atropello a la Constitución Nacional, cuando decidieron interpretar a su antojo la Carta Magna y cambiar arbitrariamente el reglamento de la mayoría. Al final de la jornada; sin embargo, en la sala de sesiones los argumentos para la expulsión de la senadora quedaron en un segundo plano. Ayer fue, sin duda, un día amargo para la democracia.
Una perversa forma de celebrar los 35 años de democracia en el Paraguay se está pergueñando en el Congreso de la Nación. El sector que ostenta la mayoría pretende hoy hacer abuso de instrumentos constitucionales con el exclusivo objetivo de echar del Parlamento a la senadora Kattya González. Para lograrlo, la bancada cartista quiere modificar nuevamente el reglamento que les permitirá aprobar la pérdida de investidura con mayoría simple, el cual se había modificado en diciembre para evitar que destituyeran a dos de sus correligionarios.