Editorial

El más reciente caso de presunto nepotismo, conocido como neposobris, nos enfrenta
una vez más a la dolorosa y preocupante realidad de nuestra clase política, en particular, en esta situación a quienes ostentan la mayoría en el Congreso Nacional y es la falta de coherencia. No dudaron en expulsar a una senadora opositora, pero protegen a otra del sector oficialista, adscrita a la mayoría colorada, y vinculada al caso de nepotismo. Estas acciones y la arbitraria imposición de la mayoría le hacen un gran daño a nuestra democracia.

Mientras transcurre el tiempo se van extendiendo y, al mismo tiempo, normalizando las serias deficiencias en el Instituto de Previsión Social, IPS. Lamentablemente, el paso de las diferentes administraciones no ha logrado asegurar una mejor gestión, garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de la institución, y menos aún, consolidar un mejor sistema de atención a los aportantes de la previsional. Los obstáculos en el sistema de agendamiento, falta de camas y largas esperas para estudios básicos y especializados son ya inaceptables.

Paraguay tiene una oportunidad histórica para impulsar su desarrollo mediante la industrialización basada en energía limpia, la generación de empleos verdes y el aprovechamiento de su bono demográfico. La energía proveniente de las represas constituye una fuente renovable y abundante que puede ser el catalizador de este proceso, siempre que se implementen políticas públicas que integren estos tres ejes estratégicos. Sin embargo, a pesar de ser copropietario de estas fuentes energéticas, el país no ha logrado aprovechar su potencial.

Las comunidades del Chaco continúan soportando el injusto abandono por parte del Estado. No solamente son ignorados sus reclamos por el Gobierno Central, sino también por gobernaciones y municipalidades. El principal motivo de demanda es el difícil acceso a servicios públicos eficientes, como es el derecho a agua potable y provisión de energía eléctrica; sin embargo, a estos se suman los pedidos constantes de mejores caminos y rutas de acceso en todo tiempo. La desidia y el abandono a la población del Chaco son inaceptables.

Cada 1 de agosto el país revive el dolor, la rabia y la indignación al rememorar el día de la tragedia del Ycuá Bolaños, y el recuerdo de las 400 personas fallecidas, los más de 500 heridos y 6 desaparecidos. Un supermercado ubicado en un populoso barrio de Asunción, que un domingo en la mañana se presentaba colmado de clientes, familias enteras que recorrían sus pasillos, cuando se desató el infierno con una explosión. 21 años después los recuerdos siguen doliendo, lo mismo que reconocer que no aprendimos la lección.

En las últimas semanas se han compartido testimonios de madres de personas adictas relatando desgarradoras historias que describen con realismo la situación que genera el extendido consumo de drogas. Paraguay tiene una limitada infraestructura para la rehabilitación, pero no se debe reducir la problemática a una de las víctimas –los adictos–. En la cima del organigrama de esta nefasta cadena dominan los traficantes de las drogas, que explotan a niños y jóvenes con el consumo, pero también usándolos en el negocio.

Sin una verdadera Justicia, la corrupción pública en el Paraguay no solamente seguirá gozando de impunidad, sino que además va a extenderse como un incurable cáncer. Este es el grave riesgo que corre el país de continuar el actual esquema en el que el sistema de Justicia otorga un trato especial a autoridades que habían sido electas para administrar la cosa pública y que luego fueron condenadas por hechos de corrupción. Sin embargo, lejos de ser un ejemplo, estos terminan siendo beneficiados con medidas de privilegio.

Son muchos años de funcionamiento del esquema de estafas conocido como la mafia de los pagarés. En todo este tiempo, los delincuentes han dejando un verdadero reguero de víctimas, y estas ya no pueden seguir aguardando a que las instituciones les ofrezcan una solución, pues está en juego nada menos que su subsistencia. La denominada mafia de los pagarés no deja de causar daño a trabajadores que se ven perjudicados al tener embargados sus salarios o pensiones. La Justicia debe dar respuestas y soluciones.