En la carta, los profesores de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción se dirigen al ministro del Interior, Euclides Acevedo; a la ministra de la Niñez, Teresa Martínez; de la Mujer, Nilda Romero; a la fiscala general, Sandra Quiñónez; al presidente de la Comisión Contra la Tortura, José Galeano, como también a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
“El caso de la comunidad indígena Mby’a de Piro’y, distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, ocurrido el 17 de diciembre, tiene varias dimensiones estrechamente vinculadas: la dimensión humanitaria y la dimensión jurídica. Pero también la de trato degradante, tortura, y de vulneración de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, niños, indígenas y mujeres”, señalan.
Asimismo, indican que se debe considerar a los indígenas como personas de derecho, a la tierra, al trabajo, a la vivienda, a una vida digna.
“La violencia en el desalojo ilegal produce miedo, horror y también condiciones inhumanas de sobrevivencia, sin techo, sin alimento, sin agua. En particular violenta la imagen de un bebé que ‘aún no ha llegado a los 40 días’ al decir de una mujer de la comunidad, también ‘desalojado’ junto a su madre. ¿Cómo desarrollará el vínculo con esa madre, aterrorizada, desalojada, desvalida en su pobreza?”, expresan.
También, manifestaron que en lo jurídico, se evidencia el desconocimiento de los derechos de los pueblos originarios consagrados en la Constitución y en las leyes, pero sobre todo, la ruptura del orden constitucional al ponerse sobre la ley las autoridades pertinentes, haciendo caso omiso a los procedimientos establecidos.
“¿Qué pasaría si un grupo de indígenas, con arcos y flechas rodearan a un tractorista que estuviera fumigando un sojal cerca de la escuela? Serían inmediatamente apresados por la policía e imputados por la fiscalía. Les acusarían de secuestro”, se preguntan, tratando de desnudar las diferencias estructurales del sistema actual.
“¿Qué pasa si, un grupo parapolicial, mal llamados ‘guardias de seguridad’, con civiles armados, al mando de unos sojeros, y apañados por el intendente local proceden, con violencia, al desalojo (sin orden judicial) e incendian las chozas de los indígenas?”, expusieron sobre el caso del hecho reciente.
Entre otras cosas, cuestionan sobre qué pasa cuando los que tienen poder económico y político no cumplen con los estipulado en la Constitución y en las leyes.
“La comunidad Mby’a Guaraní de Loma Piro’y, Departamento de Caaguazú, fue atacada y sus pobladores desalojados de sus tierras el jueves 17 de diciembre del 2020. Hombres armados y con picanas eléctricas, bajo la dirección de personas identificadas y el intendente de la zona; sin mediar papeles legales, sin la policía, ni la fiscalía, procedieron al desalojo violento”, escribió uno de los profesores del área de Salud Mental.
Finalmente, desde la Asociación llamaron a la reflexión sobre lo que está sucediendo y exigieron a las autoridades que asuman su responsabilidad y actúen para que hechos como este no se vuelvan a repetir en el país.
Desalojo con civiles armados, según denuncia
La referente de la comunidad, Elida Prieto, denunció que los civiles armados actuaron con extrema violencia y destruyeron todo a su paso, sin contar con ninguna orden judicial para desalojar a los indígenas, según recoge la organización civil Base Investigación Social.
Sin embargo, se encontraban, presuntamente, acompañados por el intendente de la localidad, Eddy Neufeld Hildebrand, del Partido Patria Querida, además de dos colonos brasileños que serían quienes se apoderaron de las tierras. En el lugar se encuentran asentadas unas 20 familias indígenas.
Prieto contó que quedaron absolutamente desamparados, ya que todas sus pertenencias y alimentos fueron destruidos y quemados. También afirmó que las autoridades nada hacen para protegerlos y garantizar el territorio de la comunidad, por más de que la misma se encuentra reconocida por el propio Instituto Paraguayo del Indígena.
El hecho fue también denunciado por la Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI).
