Un informe de la plataforma ciudadana de vigilancia y acción contra las desigualdades, publicado en el mes de agosto detallaba que (en este 2021) 520 familias indígenas fueron desalojadas forzosamente y desterradas de sus territorios. Meses después la cifra se ha prácticamente duplicado.
Dominga Coronel González, lideresa de la comunidad Loma Piro’y vive cada día con ese sobresalto y pese a todo, dieron cobijo a la comunidad desalojada de Hugua Po’i. “Entre los Mbya nos tenemos que ayudar, por eso les dimos la bienvenida a la comunidad de Hugua Po’i. Es ilegal que nos persigan y se les de prioridad a los extranjeros”, dice.
La lideresa señala una realidad que se vive también en otras zonas del país, “nos están arrinconando, estamos rodeados de soja”, y a continuación apunta Dominga que los niños enferman, tienen problemas de la piel, están barrigones, congestionados y nacen con malformaciones. Ella denuncia que anteriormente ya fueron envenenados y pide al gobierno que de tranquilidad a los pueblos originarios.
TÍTULOS TRUCHOS
El senador Miguel Kencho Rodríguez explica la serie de desalojos que se están produciendo a la luz de la sanción de la ley Nº 6830/21, que criminaliza la lucha por la tierra de los pueblos originarios, “este proyecto de ley fue presentado por el partido Patria Querida, partido de ultraderecha que busca que se protejan las propiedades de cualquiera, menos de los indígenas”.
Afirma que lo ocurrido con la comunidad Ka’a Poty es sumamente grave, porque la propiedad de 1.364 hectáreas está titulada y registrada a nombre del Indi; el Indi les trasladó a los indígenas a esa propiedad, pero igual ya sufrieron dos aparatosos desalojos, con fuerzas policiales, carros hidrantes y helicóptero de por medio.
“Hay un amparo concedido por una jueza para que ellos esten ahí hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Esa es propiedad del Indi y hay 12 títulos truchos; los jueces y fiscales no tienen en cuenta la protección de los pueblos indígenas que está garantizado por la Constitución”.
El congresista menciona otro caso, la comunidad Loma cerca de Infante Rivarola, una propiedad de 10.000 hectáreas que fue adjudicada a una comunidad indígena y que actualmente está siendo usurpada por tres grandes ganaderos que se repartieron la propiedad en 3 partes, “están poniendo pastizales e industrias carboneras. El Mades, sin siquiera tener títulos les otorgó permiso para echar los montes”, agregó.
VIOLENCIA
En medio de desalojos diarios, y de lacerantes imágenes que muestran la miseria en la que dejan a los más pobres entre los pobres, Rodríguez afirma que: “Al sacarle la tierra a los pueblos originarios usted le condena a la muerte segura, esto es un genocidio porque ellos no tienen otra forma de vivir que de la tierra”.
La carta abierta del Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, dirigida a los tres poderes del Estado y al Ministerio Público, trae alivio entre tanta violencia manifiesta en contra de las comunidades. En el comunicado manifiestan su preocupación e indignación por los desalojos y amenazas de expulsión contra los pueblos originarios. Reclaman el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, el derecho a la propiedad de todos los paraguayos. En forma contundente, los obispos recomiendan derogar la Ley de Invasiones.
