Estado
Asunción presenta un estado de lamentable abandono, con calles sucias, veredas rotas, deficiente servicio de recolección de desperdicios, desprecio al patrimonio histórico y caos cotidiano en el tránsito. La situación es el resultado del descuido y la negligencia de sus autoridades, pero es también la consecuencia directa del desinterés de las autoridades que se esfuerzan solo por ganar elecciones y una vez logrado el objetivo se olvidan de que su única razón de ser es trabajar por el bienestar de los ciudadanos.
Varios ex ministros cartistas, salvo dos excepciones, recurrieron a la afiliación para ingresar a un puesto público y luego usar las puertas giratorias para favorecer sus negocios en sus empresas.
La semana pasada Dende presentó su visión sobre la situación del país y sus perspectivas futuras. Una de las conclusiones de la misma ha sido que el modelo que nos permitió crecer en los últimos veinte años, se encuentra agotado.
El Consejo Supremo Federal de Emiratos Árabes Unidos (EAU) eligió hoy al gobernante de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, como nuevo presidente del país, un día después de que su hermanastro y anterior jefe de Estado, Jallifa bin Zayed al Nahyan, falleciera a los 73 años por causas que todavía no han sido reveladas.
Tres artículos de la Ley 6355 que obliga a accionistas, gerentes y directores de firmas privadas contratistas del Estado a presentar declaraciones juradas, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.
Probablemente, después de López no hayamos tenido nunca un presidente con tanta mala pata como Mario Abdo Benítez.
Como una reacción ante una situación concreta de la coyuntura económica y política, el senador colorado Enrique Riera presentó un proyecto que pretende establecer penas carcelarias a los responsables de cortar las rutas. El proyecto adolece de defectos, por lo que no sería viable ni sensato aprobarlo. No obstante, se debe puntualizar que son inadmisibles los cierres de ruta extorsivos, como los que se implementan en estos días, que afectan la libertad y el trabajo de las personas. La crisis que vivimos requiere de inteligencia y no de bravatas.
El contexto económico y político pone en riesgo el Presupuesto Público vigente y el diseño del próximo. La política fiscal es una de las más importantes para garantizar el bienestar de la población, pero también es el núcleo del conflicto cuando termina beneficiando a solo una parte de la población. La necesidad de recuperar la economía, impedir que se profundicen los problemas ocasionados por la pandemia y encaminar al país hacia el desarrollo exigen un presupuesto centrado en el bien común. Que la proximidad de las elecciones no desvíe al Presupuesto Público de esos objetivos.
La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que prohíbe la asignación de combustible a las autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado, las gobernaciones y municipalidades.
No solamente en la capital del país. Son varios los municipios que muestran un estado lamentable en su infraestructura debido a la desidia de sus autoridades. Los reclamos ciudadanos no son tenidos en cuenta y la población ya no sabe a quién reclamar por la reparación de calles, puentes, limpieza de calles y otros servicios. A todo este conjunto se agrega otra mala noticia: y es que ya ha pasado el tiempo de elecciones, por lo cual las promesas de los candidatos que ganaron pueden quedar sin cumplirse.
Como revela una publicación de este diario, al menos nueve personas vinculadas a una funcionaria con cargo de coordinadora fueron contratadas bajo la denominación de “consultores” en un proyecto ejecutado por el Ministerio de Hacienda. Entre los contratados se encuentran un primo y amigos de la funcionaria y de su hermano, y la evaluación del desempeño de los mencionados está a cargo de la misma funcionaria amiga. Un caso más que muestra la impunidad con que se reparten los privilegios en la función pública.
El Frente Guasu presentó este lunes un proyecto de ley que busca castigar la adquisición y/o posesión de inmuebles del Estado conseguidos de manera irregular con penas que van hasta los 12 años de cárcel.
Un reciente informe del Banco Mundial aborda la necesidad de implementar políticas que contribuyan a la recuperación económica pos Covid-19 de manera inclusiva y sostenible. Este desafío requerirá fuertes inversiones en infraestructura, capital humano e innovación, lo cual a su vez exige un Estado más eficiente. Paraguay cuenta con espacio para mejorar la eficiencia en varios ámbitos, entre los que se encuentran la focalización de los programas, las contrataciones públicas y la gestión de los recursos humanos.
Está terminando un aberrante proceso judicial que involucra a la Universidad Católica y a algunos estudiantes que participaron de una protesta realizada hace casi cinco años atrás.
La especialidad de tan solo emparchar de manera temporal el flagelo de las necesidades insatisfechas de la gente es propia de gobiernos improvisados, sin planificación estratégica ni políticas públicas de mediano y largo plazo. Se reacciona desde las altas esferas tan solo cuando la tragedia se produjo, cuando el daño se concretó y el bombardeo de reclamos ya es insostenible.
El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, emplazó por 30 días a todos los organismos del Estado que adeudan a la Comuna capitalina por la recolección de basura. Advirtió que se suspenderá el servicio si no se ponen al día.
Muy poco en el Paraguay tiene tanta continuidad como la marcha campesina. Se valora y respeta la capacidad de organización, pero al mismo tiempo se entiende que desde hace 28 años los campesinos siguen llegando hasta el centro del poder para reclamar al Estado lo que este les viene negando desde hace casi tres décadas. Esta vez los labriegos piden la derogación de la Ley 6830 Zavala-Riera, que criminaliza la invasión de tierras al elevar las penas; también la aprobación del proyecto de ley que declare situación de emergencia por la sequía en todo el territorio y el cese de los desalojos por un año, y durante ese tiempo buscar los mecanismos para la legalización de los asentamientos campesinos, urbanos y comunidades indígenas. Es de esperar que la marcha campesina no quede en un simbolismo vacío y reciba las respuestas que reclama.
Los nubarrones que se cernían sobre la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se han despejado, al menos por este año, y por ello es muy probable que pueda terminar su mandato, que vence el año próximo. Finalmente, ayer la Cámara de Diputados archivó el juicio político contra la fiscala durante una fugaz sesión extraordinaria, en la que ni siquiera se permitió el debate sobre el asunto. Archivado el tema, quedan, sin embargo, los 13 puntos del libelo acusatorio, los cuales deberá la misma Quiñónez despejar de la única forma posible: mejorando su trabajo. Debe entender que esto no puede, de ninguna manera, ser interpretado como una carta blanca. La principal obligación de la Fiscalía es para con la ciudadanía, a quien le ha fallado catastróficamente. Ahora ella puede comenzar a demostrar su independencia.
La Fiscalía General del Estado suspendió provisoriamente en el ejercicio de sus funciones, por el término de tres meses sin goce de sueldo, a la fiscala Zulma Carolina Benítez Reyes, en el marco de la investigación del accidente de tránsito en el cual murió una joven.
Estas líneas no pretenden defender ninguna improvisación, a ningún actor político de turno y mucho menos a ideas sin mucho sustento. Tampoco pretenden convertirse en abogados del diablo, pero sí vale la pena recordar algunas cosas, porque la memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve (Isabel Allende, La casa de los espíritus).
El subsidio es cualquier ayuda económica que recibe una persona o grupo de personas del Estado, y el Estado es una ficción que inventamos los seres humanos y que funciona con el dinero que nos cobra compulsivamente bajo el acertado nombre de impuesto.
El Conacyt extendió el plazo para la presentación de proyecto de innovación y desarrollo tecnológico que aborde el desafío de eliminar residuos hospitalarios.
Un ministro renunció para dedicarse a la campaña presidencial, dejando tras de sí a la cartera de Educación sumida en una crisis educativa a raíz de la pandemia, entre otras. El nombramiento de su reemplazo por parte del presidente de la República no satisfizo las expectativas. Considerando la importancia que tiene la educación para el país, se esperaba que designara a un experto en el tema, habiendo tantos en el país, y en cambio fue nombrada una persona sin experiencia profesional en educación. Mario Abdo Benítez no solo nombró a quien se desempeñaba como jefe de Gabinete del MEC sino que además designó a un ingeniero agrónomo, habiendo viceministros conocedores de la problemática educativa. Siete ministros de Educación en el transcurso de nueve años dice mucho sobre la preocupación de políticos y gobernantes sobre este importante tema.
Los paraguayos, en los últimos dos años señalamos con demasiado énfasis que el origen de nuestros males estaba en la pandemia y sus consecuencias negativas. Es hora de calibrar bien las causas en su origen, estudiar su tipo y su naturaleza
Hasta hace unos días era poco conocida. Se llama Élida Favole y es la jefa de prensa del Ministerio Público.
El presidente del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, aseguró que con los últimos reajustes y el eventual remarcado de precios anunciado para el fin de semana, el precio del pasaje debería subir al menos G. 500 en cada tipo de servicio.
Miguel Ángel Gaspar, experto en ciberseguridad, habló sobre lo vulnerables que se encuentran los ciudadanos ante el espionaje y el mal uso que se puedan dar a los datos sustraídos. Señaló que el país necesita una ley de protección de datos y un ente que regule el mismo.
El activista político devenido periodista virtual Alfredo Guachiré asegura que tiene en su poder más de mil audios de conversaciones grabadas.
Como de monumental fracaso se puede calificar la gestión de las diversas instituciones del Estado, a la luz de los resultados del Operativo A Ultranza, en cuanto al ejercicio del control del uso del dinero del narcotráfico y del crimen organizado en la política nacional. En pocos días hemos presenciado la caída de un diputado colorado, quien no solamente había ganado un curul, sino que llegó a construir un imperio de lavado de dinero en una conocida institución cooperativa. Es inadmisible que solamente aquellos que pueden obtener grandes cantidades de dinero, sin importar su origen, compitan en elecciones internas de los partidos y ganen elecciones, dejando sin posibilidades a mejores personas, líderes comunitarios o políticos con trayectoria. Paraguay requiere de una ''profunda conversión y cambio de mentalidad’’, tal como afirmaron los obispos.