18 jun. 2024

Marcha campesina, una vez más para reclamar apoyo del Estado

Muy poco en el Paraguay tiene tanta continuidad como la marcha campesina. Se valora y respeta la capacidad de organización, pero al mismo tiempo se entiende que desde hace 28 años los campesinos siguen llegando hasta el centro del poder para reclamar al Estado lo que este les viene negando desde hace casi tres décadas. Esta vez los labriegos piden la derogación de la Ley 6830 Zavala-Riera, que criminaliza la invasión de tierras al elevar las penas; también la aprobación del proyecto de ley que declare situación de emergencia por la sequía en todo el territorio y el cese de los desalojos por un año, y durante ese tiempo buscar los mecanismos para la legalización de los asentamientos campesinos, urbanos y comunidades indígenas. Es de esperar que la marcha campesina no quede en un simbolismo vacío y reciba las respuestas que reclama.

Desde hace 28 años, puntualmente, cada marzo, los agricultores organizados en la Federación Nacional Campesina (FNC) realizan su tradicional marcha hasta Asunción para presentar sus reclamos ante las autoridades. Este es el colectivo mejor organizado y el que más claramente plantea sus reclamos. Sus demandas desde hace casi tres décadas se concentran año tras año en la problemática social, que tiene en el centro de la misma la propiedad de la tierra, además de problemáticas de producción y comercialización para la agricultura familiar.

La primera marcha campesina se realizó el 15 de marzo de 1994, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, coordinada por la FNC, que aglutinaba a diferentes grupos de campesinos organizados de los distintos departamentos, varios de los cuales eran parte de movimientos rurales que habían sobrevivido a la dictadura.

En 1999 los manifestantes de la FNC fueron fundamentales protagonistas del Marzo Paraguayo, pues fue justamente durante su presencia en la plaza que se desató la violencia; uno de los muertos fue el campesino Cristóbal Espínola. Aquel marzo le debe mucho al movimiento de los campesinos, sin dudas.

En esta 28 edición de su marcha, los labriegos llegan hasta la capital del país para reclamar la derogación de la Ley 6830 Zavala-Riera, que criminaliza la invasión de tierras al elevar las penas. Pide asimismo la aprobación del proyecto de ley que declare situación de emergencia por la sequía en todo el territorio y el cese de los desalojos por un año, plantean en este sentido que durante ese tiempo se busquen mecanismos para la legalización de los asentamientos campesinos, urbanos y comunidades indígenas.

En su lista de reclamos también piden modificar la ley de Senabico, y que las tierras incautadas del crimen organizado sean destinadas a los fines de la reforma agraria, y proponen que los bienes incautados sean rematados y el dinero utilizado en el plan de emergencia por la sequía. Otro punto de sus reclamos tiene que ver con la investigación de las tierras malhabidas, con base en el informe de la Comisión Verdad y Justicia, para su recuperación y utilización para fines de reforma agraria; y finalmente, reclaman una política de Estado para la producción nacional, frente a la pérdida de la producción como consecuencia del cambio climático. Los campesinos piden la provisión de semillas e infraestructura, asistencia técnica, además de una ley de seguro agrícola público, es decir un fondo de riesgos de la producción.

28 años de marchas merecen una respuesta, pues resulta lamentable la insensibilidad estatal hacia quienes conforman la base de la producción alimentaria y la economía de subsistencia. En un país con tanta desigualdad y en el que los niveles de pobreza han ido creciendo, especialmente tras los dos años de pandemia por Covid, los campesinos, los pequeños productores precisan de apoyo para poder incorporar nuevas tecnologías y lograr alcanzar un desarrollo más integral, elevar su calidad de vida y preservar al mismo tiempo los valores de su cultura tradicional.

Es hora, pues, que sus reclamos reciban una respuesta.

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