23 oct 2026

Liz Analia Acosta

La abogada y defensora de DDHH Mirta Moragas cuestiona la falta de prevención y protección efectiva de las mujeres. Advierte que las denuncias ignoradas y la impunidad aumentan su vulnerabilidad.
Los adultos mayores enfrentan problemas como la falta de cobertura en salud, pensiones insuficientes y maltrato al buscar justicia. Según la comisionada del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Claudia Sanabria, el entorno les vuelve vulnerables al ignorarlos.
Rosa María Ortiz, experta en DDHH, enfocada en Niñez y Adolescencia, advierte que el tránsito de camiones por la Ruta Bioceánica incrementa el riesgo de explotación sexual y trata de niñas y mujeres, tanto indígenas, como no indígenas. Ante esta situación, insta a las autoridades, de poner una mirada fuerte en la zona y fortalecer la protección.
Una condena firme que confirme que el título de Hernán Rivas es falso, desataría una “catarata de nulidades” administrativas y judiciales, afirmó el abogado constitucionlista Hugo Estigarribia.
El abogado Eduardo Aguayo, con fuerte trayectoria en la lucha de asegurados del IPS, habla de cómo el “negocio” en la previsional afecta al desabastecimiento de insumos, falta de servicios y poco personal.
El experto Miguel Gaspar explica que aunque está promulgada la Ley de Protección de Datos su vigencia está prevista para noviembre del 2027, que perjudica la seguridad jurídica para inversión extranjera.
Con el lema es trabajar a “puertas abiertas”, la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Nancy Salomón, respondió a cómo enfrentará las presiones de su cargo: “Se impulsa la causa, no importa a quién afecte”. También expuso que desde su llegada en mayo, se encuentra realizando controles permanentes de las investigaciones y que es del criterio de que ninguna causa será rechazada “in límine” sin una investigación previa.
Un esquema formado hace tres décadas perjudicó a estudiantes del interior quienes recibían títulos falsos. La Fiscalía pide al Cones la cancelación inmediata a universidades que no cumplen requisitos.
El director de Copolad III, Borja Díaz Rivillas, reflexiona sobre la necesidad de abordar el problema de las drogas desde una perspectiva científica y de salud pública, y no solamente desde la interdicción. Explica cómo se está trabajando en la cooperación con Paraguay, con un mayor enfoque en la prevención. Anuncia un plan piloto enfocado en la utilización de mujeres como transporte y que el sistema de alerta temprana busca unificar datos para luchar contra la el avance de tráfico.
Sin resultados. El abogado Héctor Sosa lanza fuerte crítica al sistema de seguridad paraguayo.
Terroristas. Explicó el alcance de la designación a los grupos criminales PCC y CV en la región.
DISCRIMINACIÓN. Abogado cita “malabarismos jurídicos” de la Justicia para negar derechos.
HISTÓRICO. La indefensión y revictimización de víctimas y sus familias vienen del stronismo, afirma.
REVICTIMIZACIÓN. La Justicia desgasta a una víctima de abuso hasta la impunidad de la causa.
DERECHO COMPARADO. En otros países, la versión de la víctima es válida para lograr una condena.
El abogado Juan Sosa Bareiro propone una urgente descontaminación política del Poder Judicial y plantea rescatar los órganos extrapoderes; además, sostiene que jueces tienen la facultad legal para corregir de oficio irregularidades vinculadas a la mafia de pagarés.
Según el juez Matías Garcete, la clave está en la justicia restaurativa, un modelo que prioriza la reparación del daño y educa al adolescente antes que dar una respuesta represiva. Esto requiere evaluación caso por caso.
Un término que se va adentrando es la Justicia restaurativa, que Ivo Aertsen, con larga trayectoria en el área, señala que trae efectos muy altos para las víctimas, que las deja con una “experiencia de justicia”.
La colaboración de EEUU ayudará a tener el panorama de la estructura de Sebatián Marset, su logística y hoja de ruta del narcotráfico, dijo el ministro de la Senad Jalil Rachid. También ayudaría a investigar las filtraciones desde Paraguay.
La retractación de una víctima de violencia tiene “un altísimo porcentaje”, lo que dificulta el proceso, lamenta la fiscala Estela Mary Ramírez. Advirtió que en zonas rurales pueden existir subregistros por normalizar la violencia.
Rosalía González, directora de reinserción social del Ministerio de Justicia, explicó cómo la sociedad es importante para una verdadera reinserción social y de cómo están impulsando desde las cárceles la capacitación laboral y educativa, como herramientas.
La jueza de Paz de Recoleta contó que –haciendo un inventario– individualizaron casi mil expedientes de dos empresas de cobranzas que no ingresaron formalmente al Juzgado, ya que no se sortearon.
Enrique Berni reconoció que la mafia de pagarés afecta a miles de personas y que las causas que llegan al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados están siendo tratadas “de manera superresponsable”.
La directora de Política Criminal de la Fiscalía explica cómo la Fiscalía apuesta a la inteligencia y al análisis criminal para anticiparse al crimen organizado y enfocar hacia las investigaciones penales.
Sonia Von Lepel expuso que siguen monitoreando en el país la tortura, malos tratos y que en el contexto de las cárceles se sigue abusando de la prisión, por lo que 20.000 personas hoy están privadas de libertad.
El abogado Francisco Alcaraz, experto en Gestión Municipal, habla de la importancia de que el Gobierno trabaje de cerca con las comunas y recordó la responsabilidad de la transparencia en rendir cuentas.
Según Kattya González, son mil cosas y causas que pudieron estar realmente en la “mesa de negociación” de la Corte con el presidente de la República. Esta fue “una reunión oscura y secreta”, cuestionó.
Elida Favole, experta en derechos de la mujer, explica la falta de sanciones sobre nuevas formas de agresión, como la violencia política y digital. También insiste en la falta de elevar las penas para el acoso sexual.
Cecilia Pérez criticó el enfrentamiento del Ministerio de Justicia con el Poder Judicial. Habló también de que informes internacionales contradicen al Gobierno sobre el estado del crimen organizado en el país.