13 abr. 2024

Tarea impostergable es mejorar eficiencia de los recursos públicos

Un reciente informe del Banco Mundial aborda la necesidad de implementar políticas que contribuyan a la recuperación económica pos Covid-19 de manera inclusiva y sostenible. Este desafío requerirá fuertes inversiones en infraestructura, capital humano e innovación, lo cual a su vez exige un Estado más eficiente. Paraguay cuenta con espacio para mejorar la eficiencia en varios ámbitos, entre los que se encuentran la focalización de los programas, las contrataciones públicas y la gestión de los recursos humanos.

Es urgente que se tomen las medidas necesarias para garantizar un aumento de la eficiencia de los recursos públicos y, por esa vía, generar el contexto adecuado para un mejor desempeño de la economía paraguaya.

Paraguay pierde alrededor del 3,9% del PIB debido a las deficiencias en los diversos sectores señalados. Si bien ningún Estado por más desarrollado y honesto que sea logra una eficiencia del 100%, nuestro país podría hacer el esfuerzo de llegar al menos a los niveles más bajos de la región, como Chile y Perú. Si nos comparamos con Chile, deberíamos reducir a la mitad esta proporción, mientras que si es con Perú, un tercio.

El mayor problema se encuentra en los “contratos públicos inflados”, como señala el referido documento, y le siguen una “masa salarial ineficiente” y las “fugas en transferencias”, o sea errores de focalización de programas de transferencias de ingresos.

De acuerdo con una situación harto conocida, el principal problema en materia de calidad del gasto en las compras públicas es la sobrefacturación generada por el arreglo entre empresas proveedoras por fuera de la competencia de mercado y sin un adecuado compromiso de los funcionarios públicos para reducir e incluso eliminar este problema.

Asimismo, se debe asumir otra realidad, la corrupción público-privada tiene como determinante la impunidad, ya que el sector público, por un lado, no usa las herramientas que tiene para prevenir el problema, y por otro lado se deben tener en cuenta otros factores: le faltan normativas para penalizar el nepotismo y fortalecer la institucionalidad de manera que el tráfico de influencia, el fenómeno de la puerta giratoria, la colusión o el conflicto de intereses no obstaculicen la competencia entre los proveedores.

Por otra parte, y pese a que se ha repetido incansablemente, se debe reducir de manera urgente la ineficiencia en la gestión pública. En este sentido, la reducción de la ineficiencia en la masa salarial se resuelve en gran medida con la implementación de la carrera del servicio civil, lo que también permitirá una reasignación de recursos humanos donde requiera la gestión. Lamentablemente, hasta ahora no ha sido posible la implementación de la carrera del servicio civil, por eso el país sigue arrastrando esa pesada carga de ineficiencia.

Un aspecto que sin dudas merece una especial atención es el prebendarismo político. Las filtraciones en las transferencias exigen mejorar los instrumentos de focalización, fortalecer la institucionalidad para reducir el prebendarismo político en la implementación de los programas y la penalización a los funcionarios que incumplen los criterios establecidos para el otorgamiento de los beneficios. La realidad muestra en este último punto que la impunidad a nivel de la Justicia evita que se cumpla este ideal.

Como se puede ver, hay un amplio abanico de mejoras en la gestión pública que deben ser implementadas con el objetivo de que el Presupuesto Público mejore su desempeño. Aunque se sabe que un mejor desempeño del aparato estatal no es suficiente para el logro de la calidad de la gestión, es tarea imprescindible para aumentar la cobertura y calidad de los programas y, sobre todo, dar mayor legitimidad a la política pública.

En cualquiera de los casos, la corrupción, la impunidad y el prebendarismo/clientelismo están en la base de estos problemas. Los tres poderes del Estado tienen una parte de la responsabilidad, por lo que sería importante que cumplan con las competencias que tienen legal y constitucionalmente. Urge mejorar la calidad de vida de la población, ganar eficiencia es una de las medidas importantes para lograrlo.

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