Desinfectante Anticorrupción se denomina una campaña que busca incentivar a la ciudadanía a denunciar casos sospechosos de corrupción, la cual se lleva adelante mediante la distribución de alcohol utilizado para desinfectarse las manos en la lucha contra el Covid-19.
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece la implementación de videocámaras corporales en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado.
Control Ciudadano es una plataforma que será lanzada el próximo lunes, que tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía datos abiertos para controlar los recursos públicos y que así todas las personas puedan ejercer su rol de contralores ciudadanos para combatir la corrupción en el país.
La organización Acción Paraguay informó este lunes que solo el 0,7% de la ciudadanía utiliza el Portal de Acceso a la Información Pública, desde donde se acceden a datos de interés general.
Cinco instituciones del Ejecutivo emitieron un comunicado conjunto rechazando un reciente informe internacional que ubica a Paraguay entre los países que más deforestan por la ganadería. Si bien el Gobierno dice que el estudio "no refleja la realidad", en ningún momento desmiente los datos publicados.
El juez multifuero Óscar Gómez sentenció al empresario Antonio Scavone Oddone a reforestar 1.860 hectáreas de bosques, que fueron eliminadas sin permiso legal en sus tierras, ubicadas en el Departamento de Boquerón.
El presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo, Osvaldo Gómez, remitió 31 resoluciones del año 2019 y 2020 a la Oficina de Acceso a la Información Pública. El ciudadano Daniel Vargas Téllez presentó una intimación en su contra para que las ponga a disposición en un plazo de 72 horas.
El abogado Gustavo Velázquez, en representación del ciudadano Daniel Vargas Tellez, intimó al presidente de la Junta Municipal de San Lorenzo a que en un plazo de 72 horas remita las copias de las resoluciones faltantes solicitadas en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El senador Tony Apuril plantea conformar un equipo interinstitucional para investigar las declaraciones juradas (DDJJ) de los funcionarios públicos, específicamente de aquellos que aprovecharon sus cargos para lograr fortunas y patrimonios que no pueden justificar.
