El Día Internacional de Acceso a la Información Pública se conmemora este martes y en ese marco el Instituto de Derecho y Economía Ambiental enumeró algunos avances legales que se lograron en el país.
Asimismo, destacó la vigencia de una ley al respecto en Paraguay y atribuyó la conquista a la sociedad civil.
Se trata de la Ley 5282 que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.
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“Desde la sanción y promulgación en 2014, ya fueron varios los casos sospechosos de corrupción que salieron a la luz, algunos de ellos condenados como el caso de la niñera de oro, los caseros de oro o el caso de Perlita, donde se recuperó el dinero malhabido e incluso Víctor Bogado y José María Ibáñez, perdieron su investidura”, señaló IDEA.
A esto le sumó algunos casos más recientes destapados en la pandemia del Covid-19 gracias a la información pública, como el de la senadora Mirta Gusinky, quien recibió de manera irregular la vacuna contra el Covid-19 y se vio obligada a renunciar a su cargo.
Además, agregó sobre el cobro irregular de 500 funcionarios públicos de los subsidios de Ñangareko y Pytyvõ y el cobro de subsidios de la ANDE por parte de altos funcionarios públicos.
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“También en 2020 se marcó otro hito en el marco de esta normativa con la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia, de dar publicidad a las declaraciones juradas de bienes y rentas de autoridades desde 1998 a 2017", subrayó.
No obstante, para el Instituto de Derecho y Economía Ambiental aún quedan desafíos en este sentido. Consideró que los sujetos obligados por la ley deben adoptar drásticas medidas para su aplicación plena y efectiva.
“Esencialmente, en cuanto al cumplimiento en la actualización permanente de la información en los portales gubernamentales y la calidad de las respuestas frente a las solicitudes de información, los formatos de la información y su accesibilidad para todo el público; también, en cuanto al ámbito judicial: la flexibilidad y gratuidad para que cualquier persona pueda recurrir ante la Justicia cualquier negativa arbitraria”, advirtió.
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La lucha por el acceso a la información pública en Paraguay comenzó en 2007 con un litigio del ciudadano Daniel Vargas Téllez con la Municipalidad de San Lorenzo sobre la nómina de sus funcionarios, con el que se abrió un camino para el eventual reconocimiento legislativo.
La ley cuenta con su propia plataforma, informacionpublica.paraguay.gov.py que hasta el momento recibió unas 44.757 solicitudes para las 384 instituciones adheridas.
Además, por parte de la sociedad civil se desarrollaron herramientas como controlciudadanopy.org en cuya plataforma, además de acceder a los datos, se puede hacer un cruzamiento inicial de la información.
