La jueza Marcela Fernández Celauro solicitó resolver el incumplimiento de plazos de la Municipalidad de Asunción, consistente en entregar el pedido de información pública sobre las compras realizadas de marzo a diciembre de 2020 durante la pandemia del Covid-19.
El plazo es de tres días antes de resolver el desacato de la comuna capitalina, y la parte denunciante espera que se pueda incluir alguna medida que haga efectiva la entrega de los documentos requeridos por el valor total de la compras realizadas.
Este llamado se da tras dos urgimientos impulsados por la ex candidata a intendenta, Johanna Ortega, quien sostuvo que el Juzgado realizó dos consultas a la institución, pero que tampoco fueron respondidas. Esto, luego de la Cámara de Apelaciones rechazó la apelación y quedara firme el amparo concedido.
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Sin embargo, hasta la fecha el pedido quedó a la espera y no hay respuesta por parte del Municipio. “Ante esta situación pedimos que el Juzgado tome medidas previstas en la Ley de Libre Acceso de Información Pública y siempre estamos pidiendo que se remita al Ministerio Público por el delito de desacato de una orden judicial”, mencionó Ortega a Última Hora.
Más allá de la sanción, la ex candidata espera que se pueda hacer efectiva la entrega de la información y se resguarde el derecho de la ciudadanía del derecho al acceso a la información pública.
Mediante una orden judicial, la Municipalidad informó que utilizó G. 16.000 millones de los G. 21.000 millones otorgados a la Comuna, para gastos por emergencia sanitaria. De ese total usado, hasta la fecha, la Municipalidad solo dio a conocer facturas por G. 6.252.506.200.
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Con la publicación de los documentos se descubrió que la Municipalidad compró, entre otras cosas, toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600, detergentes desinfectantes a G. 393.800 y detergentes desinfectantes en pulverizador a G. 221.650.
También se determinó que “varios de los productos eran de origen francés y que poseen representantes que negaron haber vendido insumos a las empresas”.
Debido a las llamativas compras, legisladores y concejales de la comuna presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por estafa, lesión de confianza y otros hechos. Sin embargo, hasta la fecha no hay investigación en el caso.
La Municipalidad de Asunción, en lo que va del año, lleva más de 70 solicitudes de información sin responder, según el Ministerio de Justicia.
