La jueza Celia Estela Salians de Armoa hizo lugar al amparo promovido por Ezequiel Francisco Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), en contra de la Municipalidad de Asunción. Su intendente, Óscar Nenecho Rodríguez, sigue sin explicar el destino de G. 500.000 millones.
En ese sentido, ordenó a la Comuna asuncena que proporcione al accionante y haga pública en la página web institucional: La deuda financiera total de la Municipalidad de Asunción (esto es, deuda en contraprestación por dinero recibido), discriminada por monto recibido por bancos, financieras, cooperativas y o personas físicas o jurídicas dedicadas a la concesión de créditos, reguladas (o supervisadas) a no por la Superintendencia de Bancos o el Incoop, al día en que se responda esta solicitud.
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Asimismo, estableció que se detalle cada emisión de bonos en las que hayan intervenido casas de bolsa y/o cualquier otro intermediario financiero regulado o no por la Superintendencia de Valores que estén pendientes de pago, con mención de los intervinientes, indicación de la fecha en la que se contrajo cada obligación y de la fecha en la que vencerá.
También decretó que informe sobre el nombre y apellido o razón social de cada acreedor (entiéndase persona fisicas y/o jurídicas); pagos realizados (y sus comprobantes) y detalle de pagos pendientes discriminando capital e intereses (detallando compensatorios, moratorios y/o punitorios).
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A su vez, la Comuna deberá especificar los actos normativos y/o administrativos que autorizaron cada endeudamiento y dictámenes que los recomendaron; copia íntegra de los contratos firmados y sus anexos y/o adendas y/o modificaciones y finalmente detalle de las comisiones pagadas a intermediarios y/o en concepto de gastos administrativos, en el plazo de 10 días.
Si bien la Comuna remitió en su momento información a la Contraloría General de la República y a las organizaciones civiles solicitantes, la información estaba incompleta.
Se busca saber el destino de unos G. 500.000 millones de la emisión de bonos de los años 2022 y 2023 que se cree fueron desviados.
