La diputada Kattya González ventiló nuevos hechos llamativos este lunes sobre la firma del acuerdo entre Petropar y Texos SRL, que finalmente no se llevó a cabo y obligó a la renuncia del procurador Sergio Coscia, mientras que el presidente de Petropar, Denis Lichi, se aferra al cargo.
La parlamentaria exhibió un dictamen negativo proveniente del Ministerio de Hacienda, tras un pedido presentado por el titular de Petropar para una ampliación presupuestaria, con el objetivo de realizar el pago de USD 7 millones para la firma argentina Texos, en el marco de un juicio por USD 31 millones. Según informes, Petropar tiene todas las de ganar la demanda.
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El documento de Hacienda, con fecha del 22 de diciembre, indicó a Petropar que no se agotaron las instancias judiciales del debido proceso y que no se observa participación de la Asesoría Jurídica de la empresa y su dictamen correspondiente. La nota está firmada por Elvio Brizuela, director general de Empresas Públicas de Hacienda.
El dictamen también recordó que sobre el caso hay opiniones de la Asesoría Jurídica de la petrolera estatal de los años 2016 y 2018, en las que se detalla que Petropar tiene 70% de probabilidades de ganar el juicio y que eso les permite opinar que avanzar en juicio era el camino más recomendable.
En ese sentido, Brizuela expresó en el documento que no comprende la urgencia en la firma del acuerdo, donde Petropar acepta su responsabilidad en la demanda y opta por abonar un importante monto indemizatorio a la demandante.
Esto, teniendo en cuenta que no se puede apreciar ninguna evidencia jurídica de la procedencia de un acuerdo como el presentado por la empresa y sumado a que, a más de 10 años, no se tiene aún ni siquiera una sentencia de primera instancia.
Por si fuera poco, el documento señala a Petropar que en su lista de compromisos primero debería estar cumplir con el Fisco y después eventualmente con Texos, ante el inusual pedido y apuro.
Finalmente, pidió a Petropar expedirse sobre los puntos citados y, en caso de corresponder, la ratificación de su interés en la realización del pago correspondiente para materializar el acuerdo.
“Era un hecho prácticamente consumado”, advierte diputada
La diputada Kattya González dijo que los responsables del acuerdo ni esperaron la resolución de Hacienda y que era un hecho consumado prácticamente, pero que Hacienda finalmente hasta criticó a Petropar por no pagar al Fisco y por apurarse en un supuesto desembolso urgente a Texos.
De igual manera, manifestó que el abogado Abel Germán Ávalos, de Texos Oil, quien iba a cobrar la comisión por el acuerdo, se allanó inmediatamente a la cancelación del acuerdo por parte de Petropar.
Sin embargo, la firma Texos presentó otro abogado y dijo que este primero no tenía facultades especiales para hacerlo, por lo que se apeló la decisión y, en caso de que el Tribunal de Apelación resuelva a favor de la empresa, se deberán pagar los USD 7 millones al final.
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Sobre el punto, expresó que gracias al acuerdo la firma está dando batalla y que Paraguay reconoció “sin qué ni para qué" una deuda de USD 7 millones y que no se puede deshacer tan fácil el acuerdo por el solo hecho de que todo se descubrió. A raíz de esto, se debe analizar detalladamente el caso.
La polémica negociación
La negociación se había iniciado en setiembre del 2020, cuando la firma presentó un intento de acuerdo a la Procuraduría General de la República sobre un descuento si se llegaba a un acuerdo antes de que concluya el juicio, el cual lleva 10 años.
La Procuraduría le dio el visto bueno y recomendó a Petropar que suscriba el acuerdo el 12 de octubre y posteriormente el 18 de noviembre, tras un estudio de los rubros reclamados, ya que existía una alta posibilidad de que Petropar sea condenada en al menos tres rubros, los cuales son daño empresarial, lucro cesante y pérdida de chance.
La empresa pedía USD 12 millones y se realizó una contrapropuesta de USD 7 millones aproximadamente. A partir de ahí, Petropar operó para obtener la ampliación presupuestaria, enviando una nota el 20 de noviembre al Ministerio de Hacienda, en la que se solicitaba la modificación del plan financiero.
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Sin esperar esta disponibilidad o respuesta, Petropar ya homologó el acuerdo el 2 de diciembre con Texos, pero detallando que estaba sujeto a disponibilidad presupuestaria y a las documentaciones correspondientes.
El supuesto negociado fue descubierto el 22 de diciembre y el 23 del mismo mes Petropar pidió a la Justicia que cancele el acuerdo. También abrogó el pedido de ampliación presupuestaria para Hacienda.
Este hecho le costó el cargo al procurador Sergio Coscia y al asesor jurídico de Petropar, Alberto Mendoza, aunque este último pasó a la Dirección Comercial de la petrolera estatal.
