Los legisladores de la Cámara Alta estudiaron este jueves en sesión ordinaria uno de los proyectos del paquete de ley antilavado, por el cual se crea el procedimiento para la aplicación del comiso, el comiso especial, el comiso autónomo y la privación de bienes y ganancias.
El mismo fue aprobado por los senadores con el texto de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. El contenido establece los mecanismos procedimentales del comiso y prevé las reglas generales para su aplicación.
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La propuesta deberá ser estudiada también por los diputados, para eventualmente ser sancionada y puesta a consideración del Poder Ejecutivo.
Se trata de una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la prevención y represión del lavado de dinero.
El legislador Sergio Godoy, quien preside la Comisión de Legislación, sugirió su aprobación explicando que incorpora una nueva figura, sobre el comiso autónomo, que se aplicará en los casos en que el propietario de un bien no sea hallado o haya fallecido, específicamente cuando lo comisado se haya quedado sin dueño.
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En este caso, un juez deberá tomar las medidas respectivas. Además, señaló que se excluyó la posibilidad que el Ministerio Público pueda disponer por sí sola el comiso de los bienes, pero sí podrá solicitar la privación de los beneficios y ganancias provenientes de un hecho antijurídico, como así también tendrá a su cargo la investigación patrimonial de los mismos.
La figura del comiso ya está en el ordenamiento jurídico paraguayo, sin embargo, juristas y magistrados explicaron que hace falta contar con un procedimiento adecuado que contenga todos los trámites necesarios y el marco de acción de cada institución interviniente.
La normativa propone regular el procedimiento para la aplicación del comiso, la inutilización de publicaciones, la privación de beneficios o comiso especial y el comiso especial extensivo, tanto en el marco del proceso penal ordinario como en un proceso penal autónomo.
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Asimismo, la Cámara de Diputados sancionó el miércoles otro proyecto del paquete de ley antilavado, el que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sin embargo, la propuesta, que tiene origen en el Poder Ejecutivo, no fue aprobada con las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), entidad que desde noviembre próximo iniciará una evaluación al país.
