El Tribunal de Justicia Electoral pretendía comprar 28.000 máquinas de votación por USD 93 millones, para ocho periodos electorales, a través de una licitación internacional.
La ventaja principal de la millonaria adquisición era, supuestamente, el ahorro de unos USD 100 millones en 10 años, puesto que el alquiler de máquinas para cada elección tenía un costo de USD 30 millones en promedio.
Desde el inicio, el proceso tuvo varios tropiezos: suspensiones, cuestionamientos por falta de garantías de ciberseguridad y transparencia, y el sometimiento a un holding cercano al presidente Santiago Peña por su presunta afinidad con uno de los integrantes del único consorcio que seguía en carrera. Aunque en este último punto, el TSJ aseguró “no dejarse influir”.
El 27 de agosto, el Senado pidió interrumpir el llamado a licitación y recurrir al alquiler, como se hizo en las elecciones del 2021 y 2023, en una “llamativa” declaración aprobada por mayoría.
Aunque la declaración no es “vinculante”, dos días después, el TSJE canceló el proceso.
La decisión llamó la atención porque la compra parecía concretarse en la brevedad; incluso, directivos y técnicos del órgano electoral respaldaban la adquisición en las reuniones celebradas en la Comisión de Asuntos Electorales del Senado.
Además, lo que parecía un significativo ahorro en 10 años, al final iba a ser más costoso, ya que –según el senador Arnaldo Samaniego– la opción de arrendar es “más barata”. Poco antes de la quincena de agosto, dicha comisión —presidida por él— presentó un informe que revelaba que la compra iba a significar un ahorro de USD 54 millones.
