Sobre el tema ciberseguridad y el riesgo que existe de que estos aparatos sean hackeados, el Tribunal Electoral respondió que la empresa próxima a adjudicar deberá contar con personal técnico capacitado en la materia.
Estos serán los encargados de diseñar, implementar y evaluar conjuntamente con la Justicia Electoral las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas electorales involucrados en el proyecto.
Los senadores que solicitaron el pedido de informe fueron; Líder Amarilla, Celeste Amarilla, Ignacio Iramain Chilavert, Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Éver Villalba y Rubén Velázquez.
CUESTIONAMIENTOS. Esta respuesta del TSJE fue blanco de cuestionamientos por parte de expertos del sector.
Joaquín Morínigo Fiorio, analista de nuevas tecnologías, afirmó que esto básicamente significa privatizar la ciberseguridad. “¿Por qué privatizan? Porque no tienen capacidad local en el TSJE, no hay estándar que te sugiera hacer esto, es una entrega de soberanía total y absolutamente. Justamente esta respuesta es lo que señala la comunidad técnica, no podés dejar al arbitrio de una empresa privada nacional o extranjera la definición de cuestiones que atañen a la seguridad nacional, en este caso entregas el sistema electoral el cual legítima a las futuras autoridades. A partir de esta afirmación de que el oferente se encargará de la ciberseguridad es de donde parte cualquier teoría conspirativa de venta, tergiversación o entrega de la voluntad popular a terceros”, expresó.
Además, añadió que la dependencia tecnológica al usar tecnología que no se entiende, no se controla o no se puede auditar completamente puede comprometer la autonomía nacional. Así también, aumenta la posibilidad de la vulnerabilidad a manipulaciones externas.
“Si la empresa proveedora tiene intereses políticos, económicos o conexiones con gobiernos extranjeros, puede haber riesgos de interferencia o manipulación”, acotó.
Luis Benítez, analista informático, cuestionó el argumento que plantea evitar el uso de estándares internacionales para “no limitar la innovación” es preocupante.
“En el campo de la ciberseguridad, sobre todo cuando hablamos de sistemas muy sensibles como los que se usan en elecciones, no toda innovación es buena si no está respaldada por normas claras y buenas prácticas reconocidas a nivel internacional. Los estándares de seguridad existen por una razón: Ayudan a asegurar que los sistemas funcionen de manera confiable, transparente y segura. También permiten que distintos componentes tecnológicos puedan entenderse entre sí (interoperabilidad) y que se puedan revisar y verificar (trazabilidad). Estos aspectos son fundamentales cuando lo que está en juego es la integridad de un sistema democrático”, explicó.
Para el analista, la decisión de no aplicar estos estándares, con el argumento de fomentar la innovación, es jugar a la ruleta rusa. “Abre la puerta a sistemas creados a medida, que no siguen reglas conocidas y que no pueden ser auditados correctamente. Esto significa que no se puede revisar cómo funcionan ni garantizar que cumplan con requisitos mínimos de seguridad”, comentó.
