De acuerdo con lo resuelto por el máximo organismo electoral y con la intención de “avanzar en la implementación de soluciones tecnológicas resguardando la credibilidad del proceso electoral”, el TSJE decidió en su artículo 1, cancelar la Licitación Pública Internacional N° 1/2025 para la “Adquisición de Máquinas de Votación Electrónica para la Justicia Electoral en cumplimiento de la Ley 6318/19-Plurianual 2025/2026/2027/2028”, ID N° 460034, conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución.
En su artículo 2°, autoriza a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), a realizar los trámites administrativos correspondientes.
Además, decide disponer que se inicien los procedimientos para una nueva convocatoria a licitación pública, bajo la modalidad de arrendamiento.
Precisamente en la última sesión del Senado de esta semana, el Senado –mediante un proyecto de declaración– instó al TSJE a suspender la licitación y optar por arrendar las máquinas.
Según el senador Arnaldo Samaniego, la opción de arrendar sería más barata, con un costo de alrededor de USD 30 millones. Principalmente, en el proceso de revisión de la tecnología de las máquinas, la comisión –que acompañaba este proceso y era presidida por Samaniego– halló dudas sobre las garantías que ofrecían las máquinas a ser adquiridas.
Un sector de la oposición, en cambio, piensa que el arrendamiento beneficiará a una empresa vinculada al presidente de la República, Santiago Peña.
Se trata de Miru Systems, la cual ya se presentó al llamado y fue descalificada junto a otra empresa por el TSJE porque no cumplía con las especificaciones técnicas.
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“Sería un escándalo si es que una empresa vinculada al presidente de la República se quede con las urnas electrónicas. Manejan la Justicia, manejan el Ministerio Público, tuvieron el monopolio de las entradas a la Expo, tienen el monopolio del rally, de todo lo que se gasta en el rally, hasta de las agencias de viaje. Ahora también quieren meterse en el voto con una empresa que además tiene tecnología que no es apropiada para nuestro país”, lamentó.
Además la decisión es resultado directo de la resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que ordena retrotraer el llamado a la etapa de evaluación de las ofertas.
