La orden prohíbe a los escrachadores acercarse a la ministra Nilda Romero y a su grupo familiar, como también a su domicilio o lugar de trabajo (Ministerio de la Mujer) y/o a cualquier otro lugar que represente peligro para la titular de la cartera de Estado, en un radio de 500 metros.
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Asimismo, se les impide acosar, amenazar y o lanzar todo tipo de improperios a través de llamadas telefónicas, mensajes de textos, internet o redes sociales.
El grupo Frente Amplio contra la Corrupción, que integran y acompañan mujeres con casos por violencia de género, había escrachado a la ministra Romero frente a su domicilio, debido a que sus casos no presentan avances en las investigaciones.
Una de las mujeres que integra el grupo de escrachadores denunció que la ministra busca silenciarlas, en vez de protegerlas y velar por la integridad física y psicológica de las víctimas.
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Su caso fue sometido a una auditoría por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un llamativo pedido de desestimación de la fiscala Ana Girala, al cual se opuso el juez Gustavo Bóveda por ser infundado.
Asimismo, la mujer señaló que la ministra utiliza una ley que fue creada para proteger a las mujeres, entre ellas, usuarias de Ciudad Mujer, que es un lugar que atiende a mujeres víctimas de violencia y que fue habilitado por la propia cartera de Estado.
“Usted no tiene cara para representar a miles de mujeres que hoy están siendo desprotegidas y si usted pensó que un papel me va a hacer callar, lamento informarle que se equivocó y muy grande, recuerde que soy una sobreviviente que sabe lo que es estar al filo de la muerte”, remarcó a través de su red social.
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Otra de las víctimas de violencia, quien sostiene que su caso no presenta avances, dijo que sigue esperando por la Justicia y avisó a los fiscales que sigue viva.
Así también, criticó que la ministra haya utilizado una ley en su contra y amenazó con hacer una huelga si es que la Fiscalía no avanza en su caso.
La ministra presentó su denuncia basándose en la Ley 5777/16, de Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia, que es una normativa que busca visibilizar una forma extrema de violencia vinculada con la desigualdad estructural, que afecta a las mujeres por razones de género, es decir, por ser mujer.
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Esta ley además incorpora el feminicidio como una forma de violencia y establece una pena privativa de libertad que va de 10 a 30 años.
En su denuncia, la titular de la cartera de Estado refiere que los manifestantes arrojaron productos como creolina, bombas y piedras por la fachada del domicilio, pudiendo haber ocasionado una explosión y daños irreparables, además de huevos, pañales y hasta materia fecal.
Los manifestantes por su parte sostienen que se trató de una manifestación pacífica y que se retiraron luego de hacer declaraciones a la prensa.
