Una causa de violencia intrafamiliar lleva más de cuatro años y medio de proceso donde la víctima y esposa del acusado nunca quiso llegar a un acuerdo económico propuesto por su ex pareja, el funcionario de la Fiscalía Juan Manuel Ruiz Díaz Codas.
El caso empezó el 13 de diciembre del 2013, y a pesar de que luego de años se iniciara el juicio oral, de nuevo está trabado en la Cámara de Apelaciones.
El martes 22 de mayo se inició el juicio y la defensa, representada por el abogado Álvaro Arias, presentó un incidente para suspenderlo, alegando tener otra audiencia del caso Protek en el que está recusada e involucrada la hermana del acusado, la agente fiscal María Teresa Ruiz Díaz, quien se encontraba en la sala también, el incidente fue rechazado por el Tribunal.
El Tribunal no hizo lugar a la suspensión, y comentó el juicio con la declaración de la víctima. Tras la declaratoria y al ser ofrecidas seis de las varias documentales, los magistrados del Tribunal Laura Ocampo y Fabián Weisensee advirtieron al acusado y a su abogado que, conforme al Artículo 400, ampliaron los delitos a ser juzgados además del hecho punible de violencia familiar, el hecho punible de lesión grave.
Cuando debía realizarse el segundo día del juicio, la defensa de Ruiz Díaz Codas recusó a los dos magistrados citados, alegando un supuesto estado de indefensión para el acusado. Esto hecho llamativo de incidente no se dio cuando tuvieron oportunidad en el momento de ser advertidos y no hicieron petición alguna.
La víctima solo quiere un juicio justo su desarrollo, pues teme la extinción de la causa para este diciembre próximo, explicó Juan Köhn Gallardo, abogado de la víctima.
El caso ahora queda a cargo de la Cámara de Apelaciones. Los jueces de sentencia alegaron en la recusación que la defensa no tiene sustento legal para sostener la resusación, y hasta es posible creer que el objetivo es dilatar la tramitación del procedimiento, y que el acusado y su defensa deben de ser advertidos como litigantes de mala fe.
Varios. El acusado trabaja desde hace más de 20 años en la Fiscalía, y actualmente está en la Dirección del Control de la Gestión Fiscal. La causa tuvo varios fiscales a cargo, primero Claudia Morys, quien imputó por violencia intrafamiliar, luego el fiscal Marcelo Conigliaro, Luis Muniagurria, y la última que se presentó en juicio, Stella Mary Cano.
