@lizanaliapy
El viceministro de Justicia, Rubén Maciel, en charla con ÚH, expresó su preocupación por el aumento constante de la población penitenciaria. Además, contó avances en el sistema como el proceso de clasificación entre condenados y procesados, que es una “deuda histórica del Paraguay”.
–¿Sigue habiendo un abuso de la prisión preventiva o hay más conciencia en el Poder Judicial?
–Sí. Me guío por la cantidad de la población, en cuanto a porcentaje, no veo que exista todavía una reducción significativa. Todavía está en una relación de 70/30. Ahora en realidad 65% (casos en que dicta la prisión) aproximadamente, pero todavía no (hay más conciencia), porque sigue aumentando, nuestra población.
Cada semana hay un ingreso entre 250 a 300 personas. Y eso obviamente en un mes puede significar entre 1.000 a 1.200 personas. En el 2024 ingresaron 12.755 personas y salieron por distintos motivos 11.717. Entonces, nos queda una diferencia de 1.040.
–¿Qué falta para que el sistema de Justicia sea un aliado para descongestionar las cárceles?
–Yo diría que actualmente tendrían que aplicar más el uso del monitoreo electrónico. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y del Sistema 911, tienen ya presupuestada la posibilidad que en este año al menos mil personas puedan hacer uso de tobilleras.
Los números, si es que pasó la decena, está por ahí nomás y se puede perfectamente aplicar cien tobilleras por mes. Si es que se utiliza las mil para personas privadas de libertad. Nosotros estamos ahí hablando básicamente que estamos descongestionando la mitad de una penitenciaría.
Ese recurso todavía no está siendo utilizado en su totalidad por los órganos jurisdiccionales. Eso por un lado.
Por el otro, tenemos muchos hechos que son bagatelarios, que no tienen la envergadura como para justificar una prisión preventiva, y, sin embargo, se dicta la prisión.
Nosotros vivimos en una sociedad todavía muy punitivista, o sea, lo que buscamos es “castigo” y eso se traduce en un reclamo de una aplicación de una prisión preventiva al inicio del proceso porque el otorgar medidas alternativas en un caso, la ciudadanía lo interpreta como una impunidad en el caso. Sin embargo, no es así.
–¿Existe alguna mesa de diálogo con el Poder Judicial para bajar la cantidad de ingresos?
–Sí, hay varias medidas de trabajo que buscan justamente reducir el hacinamiento penitenciario, por un lado, promoviendo la aplicación de medidas alternativas y, por el otro, mejorando controles.
¿Por qué razón? Porque una persona que está bajo prisión preventiva, que compurgó el marco penal mínimo por el hecho por el cual está bajo prisión preventiva, la constitución dice que se le puede dar otras medidas.
En ese sentido, la colaboración que presta el Ministerio de Justicia a través de su Unidad Especializada de Seguimiento Procesal es justamente verificar la situación de los prevenidos y en donde ya compurgaron su pena mínima, y esos casos son comunicados al Juzgado competente.
–¿Cómo se trabaja con el hacinamiento en el interior del país?
–Nosotros tenemos un calendario en el que se hacen visitas penitenciarias; entonces, va todo el equipo del Ministerio. Ahí se hace una jornada en la que se hacen entrevistas para determinar el perfil de la población penitenciaria de ese establecimiento y el trabajo paralelo que hace la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal es el control de los de los pasos.
Entonces, en esos casos se suele detectar personas, por ejemplo, que ya tendrían que haber salido del sistema; entonces se toma contacto con los juzgados, se comunica y siempre en esa jornada se logra que en ese mismo día incluso muchos puedan ya obtener su libertad.
–¿Cuál es la penitenciaría con más hacinamiento hoy?
–Y actualmente es Emboscada Antigua. Actualmente tienen 1.700 personas, pero su capacidad es de 408. Y eso te da la pauta de que tiene un índice ocupacional de 4,18, es decir, 400% más está ocupado.
–¿Nuestras cárceles están preparadas para reinsertar a una persona a la sociedad?
–No en todas, en algunas, sí. Principalmente está la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, conocida como UPIE, que está detrás de Tacumbú, que es una institución modelo, porque siempre se buscó ahí respetar su capacidad de alojamiento.
UPIE tiene una capacidad de 288 personas y actualmente tiene 240, o sea, no hay hacinamiento y el perfil del condenado que va allí es de aquel que tiene buen comportamiento, que no tiene antecedentes de indisciplina o de haber cometido infracciones disciplinarias y que trabaja.
–¿Y en qué casos no están preparadas?
En los casos donde las penitenciarías están con hacinamiento o falta de espacio, porque cuando hablamos nosotros de la reinserción social, estamos hablando únicamente de los condenados.
Entonces, con las nuevas penitenciarías, la de Minga Guazú es exclusivamente condenados y allí ya los programas de reinserción laboral están enfocados en eso, en darle habilidades laborales y ahora también educativa y se suma también la espiritual y además las actividades culturales, y ahora vamos a tener la posibilidad de poder dar cierto seguimiento.
–¿El Estado está trabajando en la prevención para evitar más ingresos a las cárceles?
–Sí, por lo que veo y por lo que se está llevando adelante al menos al Ministerio de Educación, con el hecho de que se aumente el porcentaje de personas con trabajo formales. Eso todo es positivo para nosotros, que se dé oportunidad al primer empleo. Eso contribuye muchísimo.
–¿Cómo evalúa hoy a nuestro sistema penitenciario?
–Si hago una mirada al pasado, veo que siempre se está mejorando. De hecho, de lo que era el sistema penitenciario en la época de la dictadura es muy diferente al sistema post Constitución del ‘92. Se ve una mejoría en la infraestructura a partir del 2000.
Ahora falta mejorar todavía la calidad del personal penitenciario. Falta todavía muchísimo reducir los niveles de corrupción o de prácticas corruptas, porque muchas veces ya están normalizadas dentro del sistema.
Y ahora se está haciendo un avance en el proceso de separación entre condenados y procesados, que es otra gran deuda histórica del Paraguay.
Ahora con las nuevas penitenciarías se va a permitir separar bastante, porque anteriormente básicamente era la UPIE la única penitenciaría exclusiva para condenados.
Si es que se utilizan las mil tobilleras para privados de libertad, estamos hablando básicamente que estamos descongestionando la mitad de una penitenciaría.
Falta mejorar todavía la calidad del personal penitenciario. Falta todavía muchísimo reducir los niveles de corrupción, porque muchas veces ya están normalizadas dentro del sistema.
Rubén Maciel
Es abogado, notario y escribano público, docente e investigador. Especialista en Derecho Procesal Penal y en Didáctica Universitaria.
Es máster en Sistemas Penales y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona y máster en Argumentación Jurídica.
Actualmente es viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
