El plan oficial se divide en cuatro ejes: apoyo social, ayuda fiscal, inversión pública y asistencia financiera.
Si bien es cierto que, en la mayoría de los casos, las medidas anunciadas tienen que ver con programas o proyectos ya en ejecución por el Gobierno y contemplados dentro del Presupuesto Público, también fueron incorporadas nuevas medidas, principalmente, en el pilar social.
En ese sentido, una de las noticias más importantes es que el precio del pasaje no va a subir por el resto del año. Aunque esto implique eventualmente un mayor desembolso del Tesoro en el subsidio al transporte público y una diferencia cada vez más abultada entre el pasaje que abona el usuario y la tarifa técnica —lo cual debe ser motivo de revisión en el cortísimo plazo—, no es menos cierto que el bolsillo ciudadano se vio duramente afectado y rinde cada vez menos por la fuerte escalada de la inflación.
Otra de las novedades a resaltar tiene que ver con los programas de protección social. El plan prevé un pago adicional del subsidio que reciben las familias de extrema pobreza dentro del programa Tekoporã, lo que beneficiaría en forma directa a unas 500.000 personas, aproximadamente. En medio de un contexto donde las estadísticas del Banco Central indican que en los últimos doce meses el coquito subió 27%; el pollo, 11,6%; el puchero, 19%; el aceite (de girasol), 34%, o la harina, 36%, pareciera hasta una obligación que el Estado pueda brindar un respiro a familias, cuyo día a día es muy diferente al de las demás.
Por otro lado, el Gobierno anunció que tiene previsto invertir en infraestructura más de USD 1.100 millones. Esto beneficiará directamente a empresas constructoras y a toda la cadena logística, pero también tiene como objetivo generar miles de empleos de forma directa e indirecta.
Sin embargo, al analizar este plan, es ilógico no repasar el contexto político en el que se da.
El movimiento oficialista —liderado por Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez— viene dando una dura batalla al movimiento Honor Colorado, del ex presidente Horacio Cartes. Las elecciones internas coloradas están más que nunca al rojo vivo, con idas y vueltas que involucran a denuncias por lavado de dinero, contrabando, evasión, nepotismo y quién sabe cuántas violaciones a las leyes de la Función Pública y de Racionalización del Gasto.
No es sano que la economía se vea infectada por la política; eso es algo que lo vienen repitiendo desde hace años renombrados analistas, consultores y hasta organizaciones internacionales. No solo porque necesitamos que las políticas fiscales, monetarias y sociales funcionen para seguir por el camino de la anhelada recuperación interna, sino porque el legado de una injerencia política en decisiones tan sensibles como el subsidio a familias de extrema pobreza, el pasaje del transporte público o la inversión en infraestructura, puede terminar por acrecentar las brechas que hoy son tan palpables en una sociedad caracterizada por la desigualdad.
Entonces, es más que necesario que la clase política entienda que el Equipo Económico Nacional debe actuar con libertad e independencia. La toma de decisiones debe convertirse en un elemento que persiga el bienestar y la mejora en la calidad de vida de la gente, y no en un instrumento de convencimiento o persuasión en momentos de elecciones.
“Un tonto es un hombre que ignora el legado” (Daniel V. Chappell).
