Monseñor bajó línea. Dijo que la gente debe tener la oportunidad de vivir dignamente, encontrando la felicidad en esta tierra, y que Dios no quiere que el ser humano viva mal. Mencionó el hambre, la enfermedad, la falta de empleo digno y la inseguridad que afectan a la población y a las autoridades advirtió categóricamente que “no es prudente abusar de la confianza” de quienes los votaron.
Hizo el obispo un buen resumen de nuestros principales problemas: La corrupción y la impunidad; el cáncer del narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de personas. Pero sobre todo, definió la posición de la iglesia sobre el gran tema del momento: El proyecto de crear una superintendencia de jubilaciones y pensiones. En forma contundente sostuvo que el fondo jubilatorio del IPS debe permanecer cerrado para su único objetivo, asegurar una vida digna a los obreros y trabajadores después de tanto esfuerzo.
La mayoría colorada liberocartista en el Senado podría en cualquier momento aprobar el proyecto. Excepto ellos, casi nadie confía, porque nadie confía en que los ratones no se coman todo el queso.
Se creen dueños de todo, y claramente se saben impunes. La vía de imponer su mayoría en forma prepotente, la vía de no permitir voces discordantes ni diálogos racionales ya está en marcha y lo que es peor, conocemos bien a dónde nos dirigimos con su modelo autoritario. Sin embargo, permítanme contarles una historia.
Corría el año 1969 y el país vivía bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. Entonces, llegó diciembre y como siempre se preparaba la fiesta de la virgen en Caacupé. Aquella vez también hubo una carta, pero esta fue leída en las misas en todas las parroquias del país, el domingo anterior al 8 de diciembre. Era la carta que el obispo de Caacupé, monseñor Ismael Rolón le había enviado al ministro de Educación y Culto, Raúl Peña en la que le decía que la procesión de la virgen quedaba suspendida.
“Motivan esta penosa determinación, los hechos que son de público conocimiento, vejatorios al Pueblo de Dios y a la Iglesia, provocados a ciencia y conciencia y orden de las altas autoridades nacionales, como de la propaganda oficial.
Como es ya de tradición desde muchos años atrás que las autoridades asistan a tales procesiones, cumplo con el deber, por razones de cortesía y protocolo, de comunicarle la suspensión de tales actos, con el fin de aclarar desde ya cualquier duda o equívoco que pueda surgir”.
Aquellos “hechos que son de público conocimiento”, que motivaron la drástica decisión del obispo de Caacupé, se explicaban en una nota previa que también enviaron al ministro Peña, los obispos Ismael Rolón, Aníbal Maricevich, Felipe Santiago Benítez, Aníbal Mena Porta, Jerónimo Pechillo y Alejo Ovelar, en nombre del episcopado, según explicaba Andrés Colmán Gutiérrez en un reportaje sobre el tema.
Los obispos reclamaban la expulsión del país del sacerdote Francisco de Paula Oliva; el atraco de la clausura de los Padres Jesuitas; el ultraje y apaleamiento de estudiantes, sacerdotes y religiosos y la incautación, por personal policial, sin orden escrita alguna, del Semanario Comunidad, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya. “Al repudiar y condenar estos sucesos, sin precedentes en nuestra historia, expresamos nuestra formal protesta ante el Gobierno por la sistemática violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, decía la nota de los obispos.
Esa es la historia cuando quedó suspendida la procesión de la Virgen de Caacupé hace 54 años y ya todos sabemos cómo terminó Stroessner, ¿verdad?
