Hay problemas que una sociedad padece mucho antes de animarse a mirarlos de frente. Las adicciones son, entre nosotros, uno de ellos. Erosionan familias, salud y trabajo, sobre todo entre los más jóvenes, con una constancia silenciosa que rara vez ocupa titulares. El propio Estado ya reconoció su gravedad: en junio de 2026 el Congreso declaró de interés nacional el esfuerzo por prevenirlas. Pero durante años convivimos con una situación incómoda, en la que sabemos que el daño existe y, sin embargo, disponemos de escasos datos propios para dimensionarlo. Y aquello que una comunidad no logra nombrar con precisión tampoco alcanza a abordarlo.
Esa deuda no es menor. La brecha entre la magnitud del problema y la evidencia disponible ha sido, durante mucho tiempo, uno de los obstáculos para una respuesta seria. Investigaciones recientes empiezan a cambiar ese cuadro. Una encuesta nacional a mil adultos (Universidad María Auxiliadora/ICA), ponderada para representar a la población del país, ofrece un retrato con números que interpelan. Casi seis de cada diez adultos consumieron alguna sustancia psicoactiva en los últimos tres meses, y cerca de un tercio presenta un riesgo moderado o alto según el instrumento ASSIST de la Organización Mundial de la Salud.
El consumo no se agota en las drogas ilícitas. El alcohol encabeza con holgura, con un 74% que declaró haberlo probado, seguido por el tabaco con un 34% y los tranquilizantes con un 17%, mientras el cannabis y la cocaína completan el cuadro. Más que la lista, inquieta la naturalización de un consumo vuelto cotidiano que, en el caso de los fármacos, ha dejado incluso de percibirse como riesgo.
A ese cuadro se suman señales propias de nuestro tiempo. El uso problemático del celular y las apuestas en línea, que ya alcanzan a un 12,9% de los adultos, son adicciones que no siempre reconocemos como tales, porque conviven con la vida productiva y se practican a plena luz del día. Las pantallas se volvieron un nuevo mecanismo de socialización, empleo y entretenimiento, y en esa misma medida empiezan a suplantar la interacción corpórea con el mundo.
Casi todo se concentra entre los 18 y los 35 años, allí donde se ubica la mediana de la población y el llamado bono demográfico, esa franja joven y con alta capacidad de trabajo de la que depende buena parte del futuro del país. Y el consumo golpea de manera desigual, al verse en varias sustancias que la prevalencia masculina duplica a la femenina, con una excepción significativa, el mayor consumo de tranquilizantes y sedantes entre las mujeres.
Los registros asistenciales del Estado permiten completar la imagen. Un estudio publicado en International Review of Psychiatry, sobre patrones de uso de servicios de salud en casos de abuso de sustancias, realizado por un conjunto internacional de investigadores de la UMAX, UNA, Ministerio de Salud y otras universidades de Brasil, Italia y Chile, muestra que la demanda de atención es marcadamente masculina, con más de ocho de cada diez consultas correspondientes a hombres, y que el policonsumo constituye el diagnóstico principal. El contraste con la encuesta poblacional es elocuente, donde el consumo femenino de psicofármacos es alto, pero prácticamente no llega a los servicios.
El trabajo de campo aporta el resto. Un estudio en Limpio encontró que buena parte de los pacientes arrastra más de una década de consumo, principalmente de crack, cocaína y alcohol, con consecuencias como la pérdida de amistades, el aislamiento social y las dificultades laborales. Diez años es el tiempo que hoy transcurre, en promedio, entre el inicio del consumo y el momento en que alguien pide ayuda. Ahí, en esa década, se juega buena parte de la política pública que no tenemos.
Estos datos no son un fin en sí mismos. Permiten ver el tamaño real del problema, reconocer a los grupos más expuestos y orientar mejor los esfuerzos. Y, sobre todo, obligan a actuar de manera articulada. El Ministerio de Salud dispone de la red asistencial y del registro; la Secretaría Nacional Antidrogas, del mandato de coordinación; el Ministerio de Educación y Ciencias, de una puerta de entrada a la población de riesgo; los municipios, del territorio; y el sistema universitario, de la capacidad de producir evidencia sostenida en el tiempo. Ninguno de estos actores alcanza por sí solo, y hasta ahora han trabajado más en paralelo que en conjunto.
El aporte que el sistema universitario puede hacer es específico y difícilmente sustituible: series de datos comparables, evaluación de programas y formación de recursos humanos especializados. Es lo que los estudios y las iniciativas aquí presentadas ya muestran como avances positivos que combinan a universidades públicas, privadas, de Paraguay y otros países de la región. Además, van presentándose plataformas universitarias (como el Programa Ikatu) que combinan investigación, prevención y acompañamiento comunitario en zonas vulnerables, con líneas de estudio en marcha. Las adicciones seguirán haciéndonos daño mientras las miremos de reojo, y el primer paso para enfrentarlas es conocerlas. La declaración de interés nacional del Congreso creó una oportunidad institucional que no conviene desaprovechar. El desafío ahora es convertir la evidencia disponible en decisiones, espacios de trabajo interdisciplinarios, más compromiso de las universidades y el involucramiento decidido de las instituciones con responsabilidad para abordar la temática.
