Según datos del Observatorio sobre violencia contra periodistas en Paraguay, en los últimos 34 años han sido asesinados 21 periodistas. El primero de ellos fue acribillado un 26 de abril de 1991 –Día del Periodista Paraguayo– en Pedro Juan Caballero. Santiago Leguizamón acababa de terminar su programa de radio y se dirigía a celebrar el Día del Periodista con sus compañeros. Transcurrieron décadas y la justicia para él fue escasa, y además aumentó la cantidad de periodistas asesinados por el narco y el crimen organizado.
Esa impunidad fue posible por la desidia de las instituciones del Estado, un Estado que continúa sin garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa, particularmente la de quienes desarrollan sus labores en las zonas de frontera.
Conclusión similar es la del consorcio de periodistas internacionales Alianza Paraguay, convocado para continuar el trabajo de reporteros asesinados, encarcelados o secuestrados por el ejercicio de su trabajo. El consorcio puso en el foco cómo la corrupción y la mala gestión convirtieron al país en zona de peligro para los trabajadores de prensa y refugio para todo tipo de actividades criminales.
Los documentos consultados por Forbidden Stories y sus socios indican que los fiscales no investigaron adecuadamente los casos. Alianza Paraguay revela la manera en que la Fiscalía ignoraba con regularidad solicitudes de colaboración de países vecinos para investigar actividades criminales o para extraditar a conocidos narcotraficantes y familiares y defensores denunciaron que las investigaciones quedaron estancadas, en la mayoría de los casos.
Uno de los ejes del trabajo de Forbidden Stories, fue volver a indagar en el asesinato de Lourenço Leo Veras, muerto el 12 de febrero de 2020, por sicarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Para ello continuaron el trabajo de Veras y su compañero Cándido Figueredo, quien también investigaba sobre el crimen organizado en la frontera, al menos lo hizo hasta el asesinato de Veras, con quien trabajaba en aquel momento en una investigación sobre el tráfico de armas. Por razones de seguridad, Cándido Figueredo tuvo que abandonar el país.
La Alianza Paraguay, asimismo, dio continuidad al trabajo de los periodistas sobre la organización brasileña Primer Comando Capital (PCC) y reveló cómo fiscales paraguayos demoraron e incluso rechazaron investigar casos de corrupción de alto nivel, como el soborno a funcionarios por parte de un capo apodado Minotauro. Forbidden y sus socios investigaron también las circunstancias que rodearon la muerte de Eulalio Lalo Gomes, el diputado colorado muerto en un tiroteo durante un allanamiento policial en su domicilio.
Dice un Informe de Reporteros sin Fronteras que, a escala mundial, la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: Las autoridades políticas. En las Américas, se subraya la imposibilidad de los periodistas de cubrir historias relacionadas con el crimen organizado, la corrupción o el medio ambiente, por miedo a represalias, y es un problema de primera magnitud. En casi todos los países de América del Sur, la situación de la libertad de prensa es “problemática”, “deterioro que se explica esencialmente por la llegada al poder de depredadores de la libertad de prensa, como Javier Milei en Argentina, y por la incapacidad de los gobiernos para frenar la violencia contra los periodistas. México sigue siendo el país sin guerra más peligroso para los reporteros”.
En nuestro país, mientras tanto no solo siguen impunes las muertes de periodistas, sino que se demora la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. De esta manera, los periodistas no cuentan con garantías para investigar al narcotráfico y el crimen organizado.
