Actualmente, gran parte de esta energía es exportada a precios bajos, mientras que el sector industrial paraguayo sigue enfrentando limitaciones en su competitividad debido a las deficiencias en la provisión de energía eléctrica y a la ausencia de otras políticas necesarias para la transformación productiva, como el mayor nivel y la calidad educativa.
Esta situación nos condena a un modelo productivo basado en exportaciones casi sin valor agregado, con altos costos ambientales, dependientes del clima y de factores externos y sin generar los empleos de calidad necesarios para un gran contingente de población en edad de trabajar y en una fase en la que el bono demográfico estará vigente unas décadas más.
Los desafíos de política pública son enormes. La disponibilidad de energía renovable y una población relativamente joven en un contexto global de alta valoración a la producción en condiciones ambientalmente adecuadas debe capitalizarse con una industrialización comprometida con el bienestar de la población en el presente y futuro.
Sin embargo, el logro de esta gran aspiración depende de autoridades y funcionarios públicos también comprometidos con el bien común, ya que se requieren múltiples acciones y muy diferentes entre sí, pero alineadas hacia el mismo objetivo. Estos objetivos exigen dejar de lado el statu quo en las políticas y realizar cambios sustanciales.
La renegociación de los términos del Tratado de Itaipú debe ser liderada por un equipo técnico-político idóneo e íntegro, con una estrategia que persiga resultados positivos en la que ambos países ganen.
En segundo lugar es necesario contar con una política industrial que direccione las inversiones públicas hacia el objetivo de industrializador y nos saque progresivamente de nuestra matriz extractivista y dependiente.
Esta política industrial debe cambiar el sistema de incentivos, atrayendo inversiones que generen empleos de calidad, encadenamientos productivos que incluyan pequeñas y medianas empresas paraguayas y que transfieran conocimiento y tecnología respetuosos con el ambiente. Los resultados de estos incentivos deben evaluarse periódicamente para garantizar que cumplan los objetivos anteriores.
En tercer lugar, deben fortalecerse las instituciones reguladoras y fiscalizadoras. Sin respeto a las normas y sin seguridad jurídica será imposible avanzar en los cambios que requiere el país y aprovechar las oportunidades energéticas y demográficas vigentes actualmente. Paraguay tiene una oportunidad histórica para impulsar su desarrollo mediante la industrialización basada en energía limpia, la generación de empleos verdes y el aprovechamiento de su bono demográfico. Aprovechar las oportunidades que nos brinda la energía renovable, junto con el compromiso de los jóvenes dispuestos a trabajar, requiere esfuerzo.
Ojalá el Gobierno tenga la inteligencia y valentía de dar el puntapié inicial y convocar a un amplio acuerdo social y económico en tal sentido, que muestre resultados en el mediano plazo. Energía limpia, bono demográfico y producción conforman un contexto ideal desaprovechado.
