28 sept. 2025

Nepotismo, privilegios y una mayoría abusiva en el Congreso

El más reciente caso de presunto nepotismo, conocido como neposobris, nos enfrenta
una vez más a la dolorosa y preocupante realidad de nuestra clase política, en particular, en esta situación a quienes ostentan la mayoría en el Congreso Nacional y es la falta de coherencia. No dudaron en expulsar a una senadora opositora, pero protegen a otra del sector oficialista, adscrita a la mayoría colorada, y vinculada al caso de nepotismo. Estas acciones y la arbitraria imposición de la mayoría le hacen un gran daño a nuestra democracia.

El más reciente escándalo de presunto nepotismo en el Congreso Nacional motivó a la Fiscalía a la apertura de una causa penal contra Iván Ramiro Giménez Cabrera e Iris Rebeca Giménez Cabrera, conocidos como los neposobris de la senadora liberocartista, Noelia Cabrera. Los mismos habían sido descubiertos a través de una investigación de Última Hora y Monumental 1080 AM sobre planillerismo.

Fue designada para esta causa la fiscala Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien será encargada de la investigación. En el informe se habla de “la posible comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado” y su relevancia penal amerita la intervención del Ministerio Público.

Los jóvenes percibían salarios de G. 8 millones y G. 13 millones, respectivamente, como funcionarios nombrados de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, pero la investigación periodística develó que cumplían funciones en el estudio jurídico de la pareja de la senadora, Milciades Centurión, en un horario en que deberían estar en el Congreso Nacional, donde ambos son funcionarios. Además de sus sobrinos, la senadora colorada ubicó a otras dos personas vinculadas al estudio jurídico de su pareja.

Ni las denuncias periodísticas ni la intervención del Ministerio Público importaron para que la bancada colorada oficialista considerara siquiera retirar su apoyo a la senadora Cabrera. Esta misma mayoría operó con otros criterios hace más de un año atrás cuando senadores del cartismo y sus satélites expulsaron a la senadora opositora Kattya González. La senadora González no pudo retomar su curul, pese a que las causales de su expulsión fueron desestimadas por el sistema judicial y policial.

Sobre las actuales circunstancias, Ignacio Iramain, senador independiente, quien precisamente reemplazó a Kattya González en febrero del 2024 dejó una reflexión: “Debemos una explicación a la sociedad sobre lo que está pasando en este momento. Debemos lograr que nuestra estupidez no sea infinita. Recuperemos la dignidad y el coraje”.

En 2023, tras las elecciones generales, fuimos conscientes del enorme desafío que debía enfrentar nuestra democracia cuando el nuevo Parlamento quedó conformado con una mayoría colorada, y además el control absoluto por parte de un solo sector de este partido político, en ambas cámaras. Este es considerado un hecho inédito en nuestro escenario político, uno que no se veía desde la dictadura de Alfredo Stroessner, considerando la falta de un necesario contrapeso entre los poderes.

Como es bien sabido, una mayoría implica un gran poder y una mayor responsabilidad. Especialmente cuando recordamos nuestra historia inmediata, una dictadura de 35 años, durante la cual hemos padecido innumerable tipo de arbitrariedades; precisamente por eso sabemos bien en el Paraguay lo nefastas que son para el sistema democrático las decisiones arbitrarias que toman las mayorías parlamentarias, cuando no actúan con sensatez.

Pese a todo debemos sostener la esperanza de que la clase política, y en el caso concreto del Poder Legislativo, sea consciente del enorme poder que tiene en sus manos; que lo utilice con criterio e inteligencia, en beneficio de todos y todas, sin diferencias de género, posición social, económico o posición partidaria, porque los parlamentarios fueron electos para representar los intereses del pueblo paraguayo.

Nuestra democracia necesita de políticos honestos que sean capaces de gestionar los recursos públicos con transparencia, porque cualquier otra opción será en detrimento de nuestro Estado de derecho.

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