El Informe Mundial sobre Drogas 2024 de Naciones Unidas indicaba que el índice de consumidores suponía un aumento del 20% en la última década; de las 64 millones de personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con el consumo de drogas, solo el 9% recibe tratamiento y este bajo nivel de acceso a terapias afecta más a mujeres que a varones.
Otro dato preocupante advertía sobre las enfermedades: De los 14 millones de personas que se inyectan drogas, el 49% tiene hepatitis C, el 11,5% están infectados de VIH y el 10% con ambas. Se advertía asimismo sobre el riesgo 35 veces mayor de contagiarse VIH, así como también del avance del consumo de los opiáceos tramadol y fentanilo al nivel de ser una amenaza a la salud pública en África y los Estados Unidos.
En el informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se alertaba que los grupos de narcotráfico seguirían aprovechándose de la inestabilidad en ciertos países para expandir sus actividades ilegales.
Lamentablemente, las advertencias no solamente se fueron cumpliendo, sino que además adquieren características todavía más graves en países como el nuestro. No caben dudas del hecho de que Paraguay se haya convertido en un centro de criminalidad y delincuencia organizada incide también –inevitablemente– en el fortalecimiento del microtráfico a nivel local y en el consumo.
Es por esto que la problemática del consumo de drogas en el Paraguay se ha ido agravando, presionando particularmente sobre la salud pública y sus servicios.
Recientemente este diario ha ido publicando una serie de reportajes con familiares de personas adictas; en estos desgarradores testimonios resalta la manera en que este flagelo se adueña de la vida de estas personas, la convivencia familiar se vuelve casi imposible y los recursos para la rehabilitación de parte del Estado son escasos.
El Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones (Cenptra) cuenta con 45 camas que no abastecen para la demanda de tantos pacientes en espera, quienes necesitan este servicio deben esperar como mínimo tres meses. En su primer año, el Centro de Prevención ya atendió 17.200 consultas de las cuales 3.000 fueron por consumo de alcohol y 2.400 por cocaína y crac o chespi.
Las familias de las personas adictas se sienten impotentes para afrontar la situación, en especial los padres de jóvenes piden ayuda a las autoridades, pues la condición les sobrepasa. Ciertamente este se está convirtiendo en un problema de salud pública y como tal debería ser asumido por las autoridades, de las cuales se espera que planteen políticas públicas para evitar que esta situación no vaya empeorando.
No obstante, como sociedad sabemos que no solamente necesitamos más infraestructura para la rehabilitación de los adictos, sino que hace falta combatir con más ahínco al tráfico de las drogas. Estamos frente a una epidemia, la cual no sería posible sin el sistema económico, sin la corrupción de funcionarios de Estado, y sin una crisis social profunda que ha venido socavando los valores.
Hace un año Última Hora publicaba un mapa que desnudaba un terrible hecho, ningún barrio de la Capital está libre del microtráfico, que tiene atrapados barrios y comunidades enteras.
Urge que el Gobierno combata con mayor efectividad el narcotráfico y el crimen organizado, pero al mismo tiempo debe crear oportunidades para los jóvenes, que puedan estudiar, acceso a la salud pública, a la recreación, al empleo con salarios dignos. Es obligación del Gobierno dar esas oportunidades a la juventud y no solo dejarlos caer en el consumo o el tráfico para sobrevivir.
