Un informe contundente y a la vez preocupante es el que presentó el Observatorio de Causas Emblemáticas del Poder Judicial. Según sus datos, en cuanto a la corrupción pública, en nuestro país se cuenta con unos 32 casos contra intendentes y 6 contra gobernadores. De todos estos, solamente uno se encuentra en prisión. Se trata de Samuel González, ex intendente de Arroyito, quien fuera sentenciado a cinco años de cárcel, y cumple condena desde julio de este año después de haber sido apresado en la vía pública.
Todos los demás están condenados, pero libres o extendiendo plazos para no llegar a juicio. La mayoría de los intendentes y gobernadores están con libertad ambulatoria, algunos lograron sobreseimientos definitivos, principalmente por prescripción, extinción o negociaciones políticas.
Tristemente, es el mismo sistema de Justicia que permite esta situación. Los procesos padecen de la muy conocida mora, falta de jueces especializados para delitos de corrupción o los fiscales no impulsan los expedientes y, así también, auditorías internas que nunca sancionan. Muchos de los juicios terminan paralizados por las acciones de inconstitucionalidad y apelaciones y, de esta manera, se van alargando los procesos.
El más reciente caso, y que causó la indignación ciudadana es el del ex gobernador Hugo Javier González, quien junto a su ex jefe de Gabinete Miguel Ángel Robles, obtuvo libertad ambulatoria. Ellos habían sido condenados a diez años de cárcel por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Pero también hay otras condenas, que aunque mínimas ni siquiera se cumplen, como las de Alba Correa, de Tavaí; Abraham Alegre Leguizamón, de Presidente Franco; Gustavo Alfonso, de Arroyos y Esteros; y Eladio Alcaraz, de Mariscal Estigarribia, quienes fueron condenados y continúan en libertad.
En esta deshonrosa lista de la impunidad se encuentran gobernadores como Óscar Ñoño Núñez, hermano del presidente del Congreso, este junto al diputado Rubén Rousillón, fue acusado de desvíos en Presidente Hayes por G. 42.500 millones. Núñez fue condenado a 11 años de cárcel y actualmente cuenta con arresto domiciliario y tiene un verdadero récord de haber logrado posponer más de 38 audiencias preliminares.
No podemos dejar de mencionar al ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas quien suma tres procesos por un total de G. 18.032 millones, él tiene una condena firme de 8 años con orden de captura, pero no fue detenido. Como tampoco casos como los de Hernán Schlender, de Jesús Tavarangüé de Itapúa; Víctor Garay, San Pedro; y Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, quien tiene una acusación por un daño patrimonial de poco más de G. 700 millones.
Como dijera monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay, en una entrevista con ÚH, “la corrupción es una herida muy profunda, es robarle dinero a los pobres, es la más grande injusticia social que existe”. En la misma línea se habían expresado los obispos del Paraguay hace escasos meses, para expresar su preocupación, por la corrupción, “que busca manipular y debilitar el sistema democrático, en favor del lucro malhabido de personas y grupos de poder egoístas, que pueden torcer la Justicia según sus deseos”.
La corrupción de quienes habían sido electos por el pueblo para gobernar en su nombre es una traición y es, al mismo tiempo, una desgracia que socava la democracia, la falta de justicia y la impunidad atentan contra el Estado de derecho y suponen el menoscabo de la dignidad de cada paraguayo y negarle la calidad de vida a la que tiene derecho.
