Mientras la red de delincuentes que operan como en una plataforma instalada en diversas instituciones del Estado sigue presionando sobre sus víctimas, las miles de personas perjudicadas siguen clamando justicia y aguardando respuestas de las autoridades.
En el Congreso Nacional, la Comisión Especial de la Mafia de los Pagarés ya dispone de algunos datos interesantes: casi un 80% de las víctimas son funcionarios públicos; según el Registro de Víctimas, de 2.000 personas afectadas, el 79% son funcionarios públicos, mientras que el 6,1% son jubilados y solo el 9,3% son empleados privados. Del 79% de funcionarios, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación, y alrededor del 15% funcionarios del Ministerio de Salud.
Estas personas, sin embargo, no son solo cifras o datos fríos. Son seres humanos que lidian a diario con la sobrevivencia, porque un grupo de delincuentes los escogieron para robarles sus ingresos y sus jubilaciones. Su tormento no tiene fin, pues también deben padecer un verdadero viacrucis en la búsqueda de justicia.
Muchas de las personas afectadas no están satisfechas con el acompañamiento que están recibiendo de los funcionarios encargados de llevar adelante sus casos; una de ellas, por ejemplo, dice haber pagado tres veces después de ser embargada, y que además el fiscal de su causa ya no la recibe.
Otro es el caso de Luciana Bernardet, enfermera jubilada, quien, entre lágrimas, relató a Última Hora que no le dan respuesta y que le siguen descontando mensualmente, tras haber inventado una deuda. “Siguen dejándonos sin comida, ¿hasta cuándo?”. A Luciana le descuentan G. 1.450.000 mes a mes desde noviembre del 2023 y está previsto que se extienda hasta marzo del 2026. La enfermera jubilada había adquirido provistas y ropas a través de la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas y saldó su deuda en 2018, pero terminó siendo demandada y con embargos incesantes.
¿Cómo vive Luciana?, ella responde muy sincera: “Vivo gracias a Dios. Dios es grande y provee, con eso vivo, con la mitad de un sueldo mínimo. Con eso pago luz, agua, medicamentos, la asistencia de mis suegros. En la miseria me dejaron después de haber trabajado 34 años”.
Desde Cerrito, Chaco, Nancy Escobar, docente que llega desde la comunidad indígena de Cerrito, cuenta que tuvo 11 embargos desde el 2013. Explica que cancelaba uno y luego volvían a descontarle: “Los embargos son de G. 20 millones, G. 30 millones y G. 50 millones. Nunca firmé nada. Nunca saqué mucho dinero. Lo máximo era de G. 1 millón”, comentó. Denunció asimismo que a los indígenas les falsifican la firma en los pagarés, y que algunos están lejos y no saben que le sacan. Nancy dice que no le sobra nada y que con varios hijos no le alcanza el salario.
Rosalina Gauto, quien trabaja en el área administrativa del Centro Regional de Villarrica, Guairá, comentó que cuenta con varios embargos de la Cooperativa IBI Saeca y refiere que le llaman a su hermana y a su hija, le envían mensajes para no entrar a juicio. Dijo que por esta situación no puede ni entrar a la cooperativa. “No sé a quién más recurrir”.
Estas historias son pequeñas e intrascendentes para nuestras autoridades, para ellos nada importa la necesidad y la impotencia al no poder ser capaz de mantener a sus familias por tener sus salarios embargados ilegalmente.
La mafia de los pagarés, el esquema judicial de estafas, debe ser desmontado y sus víctimas deben recibir justicia. Porque este esquema nos está mostrando la peor cara del sistema en el que pocos paraguayos y paraguayas creen y confían.
La Justicia debe pagar esta deuda.
