El sistema de transporte público que rige en el país no solo es ineficiente sino fundamentalmente obsoleto. Paraguay debe ingresar al siglo XXI si no quiere seguir ostentando el peor sistema de transporte público, al menos en la región. Sobre todo, las autoridades deben apresurar la búsqueda de soluciones para no seguir castigando a la población con un esquema que es caro e implica un cotidiano maltrato a estudiantes, trabajadores, niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad y usuarios en general.
En una publicación del Última Hora, del 14 de julio, el viceministro del Transporte, Emiliano Fernández, aseguraba que se habían actualizado 12 de los 30 ítems de la estructura tarifaria, y que el tan promocionado proyecto de ley de reforma se encuentra en sus etapas finales. Pero el funcionario también dejó caer una mala noticia: Reconoció que la implementación duraría cuatro años.
Preocupa la indolencia, el desinterés y la falta de compromiso del Gobierno con un tema que afecta tan sensiblemente a la ciudadanía y, asimismo, causa también cierto recelo el hecho de que no se nota en los discursos de autoridades y funcionarios la visión global del problema, pues muy a menudo se limitan a decir que “se buscará la mejora del servicio…”, o a criticar la actitud de las empresas permisionarias la cuales se quejan de que trabajan a pérdida y se resisten a formar consorcios, como se lo sugieren.
Lamentablemente, al final de cada día, los empresarios siempre ganan la partida. Como recientemente sucedió, una vez más, después de haber amenazado con hacer un paro de tres días si no se les abonaban los subsidios atrasados. El pago se hizo, se suspendió el paro, y ahora los usuarios siguen soportando el pésimo servicio y las reguladas cotidianas. El servicio eficiente al cual tiene derecho, y por el que paga el ciudadano también está en saldo rojo, pero no hay nadie que defienda sus derechos, ya que está más que claro que el sistema está manejado por empresarios que nunca pondrán el bienestar del usuario entre sus prioridades.
En aquella entrevista, el viceministro también había afirmado que la reforma recuperará el control del sistema de transporte que está en manos de empresarios, y que aunque la reforma no implicaría la eliminación del subsidio, se pagaría según la calidad del servicio. (ÚH Julio 14, 2025).
El presidente de la República prometió un proyecto de ley de reforma del sistema de transporte público y tras el levantamiento del paro y el pago de subsidio todavía este proyecto no había ingresado al Congreso; el senador colorado cartista y presidente del Congreso, Basilio Núñez, había informado q ue estaban aguardando dicho proyecto.
De acuerdo con datos trabajados por integrantes de la plataforma digital informativa @asunosemueve, no se trata de falta de recursos ya que entre el 2024 y 2025, el Gobierno pagó unos USD 50 millones en subsidio a los transportistas.
No obstante, el mal servicio y los cotidianos maltratos al pasajero persisten como bien señalan los activistas, nadie tiene en cuenta las horas pérdidas de espera del ómnibus, los largos viajes para llegar al trabajo o al estudio, y el regreso igual de largo; nada compensa las horas de sueño perdido por tener que salir del hogar a la madrugada ni el estrés por sufrir el caos en el tránsito ni la exposición a la inseguridad por aguardar expuestos al sol o la lluvia, o peor aún, exponiéndose a la inseguridad que reina en el país.
El principal problema que la ciudadanía observa es la total desvinculación de la clase política con la realidad del pueblo, pero eso debe cambiar y deben dejar de lado los discursos e iniciar la urgente reforma en un servicio que es tan fundamental para la población.
