Como cada año, la Conferencia de Religiosas y Religiosos del Paraguay (Conferpar) celebró su Semana Nacional de la Vida Consagrada. Como un resultado de estas jornadas, los religiosos emitieron un manifiesto en el que sostienen que ”la paz de Jesucristo que ellos proclaman no es ausencia de conflictos, sino compromiso con la dignidad humana y presencia en las fronteras del dolor y la exclusión”. Manifestando que, son testigos del Reino de Dios allí donde la vida grita: “En los pueblos indígenas olvidados, en las comunidades campesinas despojadas, en los barrios periféricos abandonados, en los rostros de niños sin futuro, jóvenes sin rumbo, ancianos sin abrigo, mujeres maltratadas, migrantes sin derechos”.
Asimismo presentaron algunas de sus principales preocupaciones sobre la realidad del país, entre ellas, la educación pública, desfinanciada y precarizada; la salud pública que no garantiza el derecho a la vida, la falta de personal, de medicamentos e infraestructura y las familias pobres que deben mendigar atención; los pueblos indígenas víctimas del despojo, la marginación y el racismo; una reforma agraria que no avanza, mientras crecen los latifundios y se criminaliza la lucha campesina; la depredación de los bosques; la falta de oportunidades para los jóvenes que deambulan sin empleo, sin oportunidades ni esperanza, y son presa fácil de adicciones y violencia. Denunciaron los religiosos la indiferencia política, la corrupción, la impunidad y el abandono del bien común.
Tras una misa, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, religiosos y religiosas realizaron una peregrinación hasta zona del microcentro y es en este punto donde los acontecimientos tomaron un preocupante giro hacia nuestro pasado más tenebroso y autoritario.
Esto sucedió cuando el sacerdote jesuita Alberto Luna, quien participaba de la peregrinación, fue detenido por agentes de la Policía que le impidieron el paso, cuestionaron el cartel que portaba y que reivindicaba una solución al problema del transporte público.
“Era una peregrinación de la Conferpar para manifestar preocupación sobre lo que vivimos en el país y la falta de medidas de las autoridades para atender a las personas más pobres”, explicó Luna, sobre la peregrinación por el Año del Jubileo, “los religiosos fuimos a caminar y se invitó a llevar carteles que expresen la realidad del país”.
Al llegar al costado del Parlamento le impidieron el paso, y los agentes amenazaron con detenerlo si seguía con el cartel. “Me dijeron que si seguía, me iban a tener que detener”, relató. El jesuita decidió dejar el cartel para no entorpecer la peregrinación. Más tarde, lo llamaron infiltrado, y luego el viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira afirmó que “las procesiones no pueden utilizarse para temas políticos”, (ÚH Julio 22, 2025)
Lo sucedido es inaceptable en una sociedad democrática, y nos retrotrae a nuestro pasado más reciente de la dictadura de Alfredo Stroessner.
No podemos permitir un retorno autoritario; debemos defender los 36 años de democracia que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo paraguayo. Ningún sector, político, económico o religioso puede permanecer indiferente frente a las pesadas deudas sociales ni frente a la falta de Justicia, la corrupción, la impunidad y la filtración de la mafia en las instituciones del Estado, el narcotráfico y el crimen organizado.
La libertad de opinión, la libertad de expresión y de manifestación son pilares de la democracia, y prohibirle a un ciudadano paraguayo reclamar un mejor sistema de transporte público es una clara muestra de autoritarismo que va contra la democracia y el Estado de derecho.
