Las rutas se superponen desordenadamente, carecen de coordinación y horarios confiables. Los tiempos de viaje son excesivos e impredecibles debido a la congestión crónica y a las prácticas de los conductores como las “carreras” por pasajeros. Esto genera una enorme pérdida de tiempo productivo y estrés en la población usuaria y no usuaria.
Amplias zonas aledañas y barrios populares carecen de conexiones adecuadas o tienen frecuencias miserables, limitando a sus habitantes las oportunidades laborales, educativas y de servicios esenciales.
La accesibilidad para personas con discapacidad es prácticamente inexistente en la mayoría de las unidades.
La flota de ómnibus es en gran parte antigua, obsoleta y mal mantenida, lo que genera altos niveles de contaminación acústica y atmosférica. Las unidades suelen ir abarrotadas, incumpliendo normas básicas de seguridad y comodidad.
El modelo económico es insostenible.
Es caro para los usuarios y para el Estado, pero no solo para estos dos sectores, sino también para el resto de la población cuyos costos se elevan por el tiempo que está en el tráfico, la necesidad de tener vehículo propio y todo lo que se genera con esta situación: Más contaminación, más congestión, más accidentes, más enfermedades respiratorias y estrés.
La regulación es débil e ineficaz para imponer estándares y sancionar incumplimientos no solo del servicio de transporte, sino también de la calidad del empleo.
Cada vez que la autoridad laboral realiza inspecciones también saltan los incumplimientos. La informalidad del sector se reproduce en todos los ámbitos.
Este sistema, heredado de décadas de intereses privados por encima del bien común no responde a las necesidades de una población creciente y en constante movimiento. La reforma no será fácil ni rápida. Enfrenta resistencias poderosas: operadores tradicionales temerosos de perder privilegios o verse obligados a profesionalizarse, inercia burocrática, falta de recursos financieros y, sobre todo, la ausencia de una voluntad política firme y sostenida que priorice el bien común a largo plazo sobre intereses particulares inmediatos.
Es crucial construir un amplio consenso social. Involucrar a los usuarios, a la sociedad civil, a los gremios de transportistas (ofreciendo alternativas de reconversión y participación en el nuevo modelo), a los expertos y al sector privado en el diseño y la implementación. La transparencia en el proceso y la comunicación clara de los beneficios son fundamentales para ganar apoyo ciudadano.
El financiamiento requerido es significativo, pero los costos de la inacción son mucho mayores. Tal como está actualmente es un barril sin fondo que no contribuye a mejorar el sistema de transporte público. Al contrario no solo no mejora, sino que aumenta sus costos persistentemente.
Paraguay se encuentra en una encrucijada crítica. Continuar con el modelo actual de transporte público significa condenar a sus ciudades a un colapso aún mayor, profundizar la desigualdad, dañar irreversiblemente el medio ambiente y frenar el desarrollo económico. La reforma integral del sistema no es un lujo, es una inversión estratégica en el futuro del país.
Es apostar por ciudades donde moverse no sea una odisea diaria, sino un derecho garantizado de manera eficiente, segura, accesible y limpia.
