Un feminicidio va más allá de la acostumbrada crónica roja que tanta audiencia atrae para los medios de comunicación. El más reciente caso, el del joven de 23 años quien, presuntamente, cometió un triple feminicidio en la ciudad de Capiatá es, sin duda, un hecho terrible y que conmocionó a la comunidad. Cada caso, supera en horror al anterior y con el tiempo la sociedad y también las instituciones van olvidando los nombres de las víctimas.
Sin embargo, a pesar del horror y la conmoción, los hechos se siguen sucediendo y por eso en los primeros seis meses del año, Paraguay ya acumula un total de 14 feminicidios, los cuales han dejado 27 huérfanos. En la mayoría de los casos las mujeres fueron víctimas de sus parejas, dice la información del Ministerio Público, que también apunta un dato llamativo que en los últimos seis casos puede notarse ensañamiento, como en el caso de una víctima que fue “descuartizada y decapitada”, y en otro, la mujer “sufrió golpes y además fue quemada por el agresor”. Otro dato destacado es que, entre enero y junio, la Fiscalía registró 19.399 víctimas de violencia familiar, y considerando que el mes no ha concluido, estiman que las cifras superarían las 20.000 víctimas.
Pese a todo, hemos tenido avances, como por ejemplo es un logro contar con la Ley 5777 “De protección integral de la mujeres contra toda forma de violencia”, la que tiene por finalidad, promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establece que la violencia feminicida es la que conduce a la muerte o infringe daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, solamente por su condición de mujer y establece penas de cárcel entre 10 y 30 años para los feminicidas.
Es positivo saber que un feminicidio no queda impune, pero más importante sería evitar todo tipo de abuso y violencia contra niñas y mujeres. Recientemente, se dieron dos confirmaciones de penas de 30 años de cárcel por feminicidio. El Tribunal de Apelación de Central ratificó la pena para Nelson Ramón Aranda Vega, encontrado culpable de matar a su pareja Claudelina Ruiz Díaz Ledesma, el 30 de julio de 2022, en San Antonio. Asimismo, se ratificó la pena de 30 años de cárcel para Joel Guzmán Amarilla por el feminicidio de Dahiana Espinoza, desaparecida desde el 18 de setiembre de 2020. Este es uno de los pocos casos en el que hay condena sin el hallazgo del cuerpo de la víctima.
Las leyes y las condenas a los feminicidas no bastan para cambiar la realidad. El Estado debe formular políticas públicas enfocadas en construir una sociedad que verdaderamente reconozca la igualdad de las mujeres, pues para erradicar la violencia y los abusos contra niñas y mujeres se debe apuntar a cambios culturales, cambios en la educación y en las relaciones. Si en el Paraguay no se cambia la cultura machista, desde el hogar y desde la educación, seguiremos lamentando feminicidios, y seguiremos lamentando que cada día se denuncien nueve casos de abuso sexual infantil.
Al mismo tiempo, las instituciones del Estado deben aumentar los esfuerzos para proteger a las víctimas de violencia familiar cuando ellas realizan sus denuncias. Los políticos deben comprometerse y otorgar mejores presupuestos a las instituciones encargadas de trabajar el tema porque también es necesario contar con funcionarios mejor capacitados.
Para que ninguna otra mujer muera en manos de un violento, que se considera impune, tanto la sociedad como el Estado deben trabajar denodadamente para fomentar la igualdad y construir una sociedad que sea respetuosa con todos sus miembros y que reconozca a todas y todos, derechos y dignidad.
