Entre las principales causas de los desequilibrios financieros se encuentran los profundos cambios demográficos que repercuten en el aumento de los años promedio de vida y del envejecimiento. Esta situación sumada a la baja cobertura por la inadecuación de las normas y la ausencia de una fiscalización adecuada que reduzca la evasión configuran un marco institucional poco favorable para la sostenibilidad.
Ante el problema anterior, las autoridades en lugar de plantear reducir la evasión para aumentar la cobertura, normalmente proponen cambios paramétricos que perjudican a los contribuyentes y jubilados.
El otro problema es la baja densidad, ya que muchos trabajadores cotizan por pocos años o de forma intermitente. Este problema se podría solucionar, en parte, si mejoraran las condiciones de portabilidad de aportes y una mayor flexibilidad en los casos de movilidad laboral.
El nivel relativamente alto de la tasa de sustitución –100% del salario– está por encima del promedio regional e internacional –entre 60% y 80%–, lo que se agrega a un segundo tipo de evasión que es el de declarar salarios más bajos durante los primeros años de aporte. IPS tampoco resulta eficiente controlando y penalizando esta irregularidad.
La deuda que tiene el Estado, junto con una gestión ineficiente de los fondos, además de la sospecha de inversiones indebidas afectan la rentabilidad y la consiguiente sostenibilidad.
Cada una de las causas debe ser abordada con intervenciones diferentes. Sin embargo, cada vez que se hacen referencia a soluciones, lo primero que se plantea es una reforma paramétrica que afecta negativamente a contribuyentes o jubilados, dejando de lado las soluciones que hacen referencia a una mayor eficiencia institucional.
Cuanto más trabajadores estén en el sistema y más temprano se incorporen, mayor fortaleza tendrá, ya que el país aprovechará la oportunidad de tener muchos aportantes con una tasa relativamente baja de dependientes. Es parte de los beneficios que tiene un país en etapa de bono demográfico. La primera respuesta debe estar en el ámbito de la formalización del empleo.
Durante las últimas semanas, las señales que han estado dando las autoridades no han sido las más adecuadas si el objetivo es fortalecer al Instituto de Previsión Social y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
En lugar de plantear las reformas que sean necesarias para aumentar la cobertura y la eficiencia, las autoridades proponen parches y culpabilizan a otros. Las autoridades de la institución deben asumir la responsabilidad que les fue conferida y realizar las reformas necesarias para mejorar la situación financiera. Cuando asumieron las actuales autoridades ya deberían haber sabido que las deficiencias estructurales que enfrenta el IPS vienen de muchos años atrás. Si no se sentían capaces de implementar las soluciones estructurales que la institución necesita no deberían haber asumido el compromiso.
