Nuestra realidad política continúa aportando escándalos, que provocan asombro e indignación y develan la falta de ética de quienes deberían estar representado los intereses del pueblo. Cada nueva denuncia de nepotismo nos muestra también la lenta reacción de las instituciones, como en el denominado asunto de los neposobris, expuestos en una investigación periodística. Resulta inadmisible que diputados y senadores utilicen recursos públicos y sus influencias para ubicar en la función pública a sus familiares.
En el reciente caso de presunto nepotismo en el Parlamento denominado neposobrinos, dos jóvenes sobrinos de la senadora liberocartista Noelia Cabrera, Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez, nombrados en el Congreso Nacional, y tras el seguimiento en el marco de una investigación periodística de Última Hora y Radio Monumental 1080 AM, fueron descubiertos trabajando en un estudio jurídico vinculado a su tía, a través de la pareja.
Los sobrinos justificaban sus ausencias con formularios de “orden de trabajo”, los que les eximía de marcar tanto ingreso como salida. Ambos estaban asignados a la Comisión de Personas con Discapacidad, donde su tía fue presidenta y actualmente es miembro; al respecto el funcionario Julio Monges, presidente de la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad admitió conocerlos, pero que no estaban bajo su responsabilidad. Al mismo tiempo, dejó en claro que los sobrinos no hacían oficina en la Comisión. “Suelen pasar un ratito a saludar y se van otra vez. Ellos trabajan con la senadora”, informó Monges.
De acuerdo con la investigación, entre setiembre de 2023 y diciembre de 2024, más lo percibido tras su nombramiento en 2025, con datos del Ministerio de Economía, los hermanos Giménez Cabrera acumularon en salarios más de 200 millones de guaraníes del dinero público. El ingreso de los sobrinos tuvo la aprobación del presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez renunciaron, luego de que el Congreso abriera un sumario administrativo contra ellos. Asimismo, se pusieron a disposición a través de su abogado ante la Fiscalía, pues se “anoticiaron por distintos medios de prensa que están siendo penalmente investigados por supuestos hechos punibles contra el ejercicio de las funciones públicas”, dice la nota presentada. Al momento de esta publicación, la Fiscalía dispuso la apertura de una investigación acerca del caso.
Nepotismo es la preferencia o inclinación hacia familiares y amigos al otorgar cargos o empleos públicos, sin considerar méritos o capacidad de los candidatos. Desde hace casi dos años, han sido develados más de una decena de casos en el Poder Legislativo. El escándalo conocido como el de los nepobaby estalló a finales del 2023 y hace un año la aplanadora colorada en el Congreso Nacional aprobó modificaciones a la Ley 5295 de antinepotismo, dejando de lado el proyecto de ley presentado por la iniciativa popular conocida como “Chau nepotismo”, que había presentado 50.000 firmas. Con las modificaciones aprobadas se dejó de lado la posibilidad de sancionar a las autoridades y funcionarios que utilicen sus influencias para ubicar en la función pública a sus familias. Y, de esta manera, quedaron impunes casos emblemáticos como el de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, quien cumple funciones en la Cámara Baja y percibe un salario de más de G. 18.000.000; lo mismo que otro caso, el de la hija del diputado colorado cartista Yamil Esgaib, Magida Esgaib, quien ocupaba un cargo administrativo en la Embajada paraguaya ante el Reino Unido.
Si la Justicia no actúa de manera más firme y contundente, la impunidad seguirá premiando a quienes se escudan detrás de tecnicismos y no solo defiende injustos y arbitrarios privilegios, pues por sobre todo, imponen la visión de lo que se denomina un Estado patrimonialista, en el cual los que ejercen el poder no hacen distinción entre el patrimonio personal y público y, por eso, se sienten justificados cuando usan recursos del Estado como si fueran personales.
Las instituciones del Estado ya no pueden seguir siendo cómplices de una impunidad que afecta gravemente la calidad de nuestra democracia.
