Corte Suprema de Justicia
El senador Rafael Filizzola cuestionó con firmeza la reciente reunión entre el presidente de la República y ministros de la Corte Suprema señalando que el verdadero problema no es el diálogo entre poderes del Estado, sino el carácter secreto del encuentro. Además, resaltó el desacuerdo con la presencia de Horacio Cartes.
El proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley 609/1995 que organiza la Corte Suprema de Justicia fue sancionado y remitido al Ejecutivo. El documento establece que la elección de autoridades de la Corte seguirá decidiéndose mediante el mecanismo del voto público. No obstante, el cambio sustancial es que devuelve los feudos judiciales permanentes a los ministros en las circunscripciones judiciales
Víctimas de la mafia de los pagarés presentaron tres puntos a los congresistas, entre los que destaca el urgimiento a los diputados para que inicie el juicio político contra los ministros César Diesel y Alberto Ramírez Simón. Pidieron una ley que indemnice a los afectados y exponen como una causal la supuesta reunión secreta con Horacio Cartes y Santiago Peña.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez (ANR-HC), se refirió a la supuesta reunión entre ministros de la Corte con el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular de la ANR, Horacio Cartes, como “una linda fábula”.
El senador Rafael Filizzola señaló que el Poder Judicial debe dar explicaciones sobre la reunión “secreta” que mantuvieron seis ministros de la Corte con Horacio Cartes y Santiago Peña.
Según una publicación, seis ministros de la Corte Suprema de Justicia se reunieron el pasado miércoles con el presidente de la República, Santiago Peña, y el titular de la ANR, Horacio Cartes, para abordar varios temas en secreto.
Desde la Coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés lanzaron fuertes críticas contra la Corte, luego de que los ministros defendieran el trabajo realizado en la trama. Sin embargo, los afectados sostienen que la CSJ está dominada por la mafia e insistieron en el pedido de juicio político. “Las acciones son insuficientes”, afirman.
Los ministros de la Corte defendieron la depuración de más de 23.000 expedientes de la mafia de los pagarés en Asunción y Central, tres proyectos de ley remitidos al Congreso y otras acciones que hoy las víctimas no ven como solución ante los descuentos. Uno de los ministros reiteró que son “muy respetuosos de la independencia de los magistrados” y que no pueden inmiscuirse en los procesos.
Tras el pedido oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Lambaré Isabel Bracho, acusada –según la Fiscalía– de haber recibido una coima de USD 50.000 para beneficiar al presunto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
El diputado Mauricio Espínola (ANR-FR) presentará un proyecto de declaración que insta a la Municipalidad de Asunción a cumplir la ordenanza que dispone el traslado de dos frigoríficos ubicados en la zona de Tablada Nueva de Asunción. Las empresas habían promovido una acción ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para seguir operando en el lugar, y el fallo les resultó a favor.
La Sala Penal de la Corte ratificó el sobreseimiento definitivo de un procesado porque el fiscal no pidió la reapertura de la causa de un caso donde un menor había sido procesado por matar a dos mujeres en un accidente de tránsito. Las víctimas tomaban tereré frente a su casa en Capiatá, cuando fueron atropelladas por el vehículo conducido por el joven.
La Sala Constitucional de la Corte rechazó esta mañana el pedido de la defensa del periodista Carlos Granada de suspender los efectos de la resolución que elevó a juicio oral el caso en su contra y la resolución que lo ratificó. Esto, el mismo día en que condenaron a 10 años de cárcel al ex gerente del grupo Albavisión.
Temen que el caso de la muerte del pequeño Renato Rojas quede impune, y la familia habla que la causa podría prescribir si la Corte Suprema no toma una decisión. Se pide que se anule la absolución de la pediatra y que se haga un nuevo juicio oral.
Pasaron 20 días desde que las víctimas de la mafia de los pagarés oficializaron el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, por lo que exigen que sea tratado “sobre tablas”, así como los demás proyectos de ley pendientes.
En sesión extraordinaria, esta mañana, los ministros de la Corte no confirmaron a la fiscala Laura Beatriz Ávalos, quien se allanó a una leve sanción por la mega deforestación en Mariscal Estigarribia, Chaco, y al sobreseimiento del otro procesado. Se declaró vacante su cargo. Además, entre otros, ratificó al juez de Garantías, Miguel Palacios.
La suspendida jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, dio esta mañana una conferencia de prensa, donde negó haber recibido coima. Señaló que había sobreseído a Walter Galindo Domínguez, con el allanamiento del fiscal Osmar Segovia.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema, en mayoría, concedió una medida cautelar a los frigoríficos Frigomerc SA y BEEF Paraguay SA, para continuar operando en la zona de la Franja Costera Norte de Asunción, lo que había sido prohibido por la ordenanza de la Municipalidad de Asunción. Esto, al tramitar una acción de inconstitucionalidad contra la normativa.
El pleno de la Corte, tras una larga discusión, suspendió con goce de salario básico a la jueza de Garantías de Lambaré, Isabel Bracho, quien fue imputada por supuesto cohecho pasivo agravado, en el caso del supuesto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
Acabó cobrando solo G. 500.000 debido a los embargos en su contra. Tuvo que recorrer más de 300 kilómetros para llegar hasta el Juzgado de Paz de Villa Elisa y revisar su causa. Pide a su demandante, Vanessa Araceli Chaparro, de la empresa SGE SRL, que responda por qué le embargaron tres veces por un mismo pagaré que firmó en el 2014.
La jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer decretó la captura del ex ministro de la Corte Suprema Miguel Óscar Bajac, para que cumpla con su pena de tres años por cohecho pasivo agravado. Una vez detenido, deberá ser derivado al Penal Industrial La Esperanza.
El camarista Miguel Ángel Rodas será el preopinante en la acción de inconstitucionalidad que promovió la ex senadora Kattya González, en contra de su expulsión del Senado el 14 de febrero del año pasado. Hoy se realizó el sorteo para las votaciones en la Sala Constitucional.
Un grupo de veinte sicólogos forenses están en situación de desigualdad salarial y desde hace 14 años no se modifica su sueldo. Algunos de ellos, perciben solo G. 3 millones o incluso menos que es menor al 50% de lo que un sicólogo forense con rubro debe percibir. “No pedimos privilegios, pedimos equidad”, dicen y solicitan hablar con ministros de la Corte.
Durante el debate sobre la modificación del Código de Organización Judicial, la senadora Yolanda Paredes lanzó duras críticas contra la Corte Suprema de Justicia y el propio Parlamento. Cuestionó la falta de rendición de cuentas del Poder Judicial y denunció la existencia de “mafias” en circunscripciones.
Con voto del cartismo y sus aliados, se aprobó el proyecto de ley cuya finalidad es eliminar el límite de dos años de tiempo en mandatos de las superintendencias de las circunscripciones departamentales.
El pleno de la Corte declaró esta mañana inamovibles a 31 magistrados que fueron confirmados en dos ocasiones luego de su elección, por lo que estarán en sus cargos hasta los 75 años. Además, declaró la estabilidad de 6 fiscales y 3 defensores públicos.
La Corte Suprema, a través de su portal digital, informó que fue forzada la entrada del depósito judicial que se encuentra en el barrio Sajonia, de Asunción. Indican que no se registró la sustracción de objetos ni documentos tras detectarse una irregularidad. El incidente fue comunicado a la Policía y la seguridad ya fue reforzada.
Por obstrucción a la Justicia ampliaron el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema. Las víctimas piden que un Tribunal Especializado juzgue los casos, pero, hasta ahora, solo recibieron el “silencio cómplice” de los miembros de esta Máxima Instancia, mientras 17.000 víctimas siguen sufriendo descuentos.
Santiago Peña promulgó la ley antimafia de los pagarés, que limita los descuentos sobre salarios de funcionarios públicos. La normativa busca paliar el daño millonario causado a las víctimas de un esquema del que formarían parte funcionarios del Poder Judicial y actores del sector privado.
El ministro Víctor Ríos criticó duramente la investigación fiscal, a la que calificó de negligente, ya que posibilitó que quedara impune la investigación sobre el incendio del cerro Chovoreca, en el Chaco paraguayo.
El pleno de la Corte Suprema, en su sesión ordinaria, ratificó en sus cargos a varios jueces penales de la capital y del interior, así como a fiscales y defensores públicos. Entre los confirmados están los magistrados de Garantías de Asunción Yoan Paul López, Cinthia Lovera y Raúl Florentín.
Miembros del oficialismo, tanto del Senado como de Diputados, expresaron sus posiciones respecto al reciente pedido de los ministros de la Corte Víctor Ríos y Gustavo Santander, respecto a lograr inamovilidad en el cargo. La discusión se genera en medio de la presentación de juicio político contra ministros de la Corte por parte de víctimas de la mafia de los pagarés.