Según señaló la página web del Poder Judicial, se realizó la incorporación de nuevas unidades vehiculares institucionales con el objetivo de sustituir vehículos que contaban con varios años de uso, elevado kilometraje y crecientes requerimientos de mantenimiento, lo que impactaba en la operatividad y en los estándares de seguridad necesarios para el servicio.
En total, fueron nueve vehículos de la marca Isuzu, tipo MU-X 2026, diésel, adquiridos de la firma Automotor SA, una para cada ministro. Según los informes extraoficiales, cada uno tiene un costo de G. 573.500.000, por cada una de las lujosas camionetas. Con ello, el costo total es de G. 5.161.500.000, por los nueve vehículos.
Explica la información oficial, que “las unidades incorporadas integran el patrimonio del Poder Judicial y están destinadas al cumplimiento de funciones institucionales, vinculadas a actividades jurisdiccionales y de gestión institucional, conforme a las necesidades operativas propias del funcionamiento del sistema judicial en todo el territorio nacional”.
“La asignación de los vehículos responde a criterios funcionales y operativos, y no configura beneficios personales para magistrados ni funcionarios. Su utilización, reasignación o no utilización se encuentra sujeta a las disposiciones internas vigentes sobre administración, control y uso de bienes públicos”, añaden.
Además, acota que el proceso de adquisición se desarrolló conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la normativa de contrataciones públicas, mediante los mecanismos de selección previstos y bajo las instancias de control correspondientes, priorizando criterios técnicos, de seguridad, confiabilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Piden auditar a la CGR
Sin embargo, las víctimas de la mafia de los pagarés señalan que, según los informes, el costo de cada una en el mercado es de G. 395.334.100, con lo que se habría pagado de más la suma de G. 178.165.900, más por cada uno de los rodados. De esta manera, la suma sería de G. 1.603.493.100, de más.
Con ello, las víctimas señalan que piden la intervención de la Contraloría General de la República, para que pueda intervenir con el fin de auditar la compra de los rodados y determinar si existe alguna irregularidad.
“La Coordinadora de Víctimas de la mafia de los pagarés denuncia ante la ciudadanía y las instituciones de control el escandaloso despilfarro detectado en la reciente renovación de la flota de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, afirman.
Además, dan un supuesto detalle del fraude. “La CSJ ha destinado G. 5.161 millones para la compra de nueve camionetas de alta gama. Ante la diferencia entre el costo publicado y el valor de mercado, surge una sospecha razonable de sobrefacturación estimada en USD 20.000 por vehículo, totalizando un daño patrimonial de USD 180.000 (americanos)”.
Añade: “Estas acciones constituyen delitos graves, como lesión de confianza, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, que son causales irrefutables para el juicio político que, sumado a nuestras denuncias anteriores, obligan al Parlamento Nacional a iniciar los trámites de rigor de manera inmediata”.
Por otro lado, hablan de contraste inaceptable. “Mientras el Poder Judicial malversa fondos en lujos para ministros, las víctimas de esquemas de estafa procesal enfrentan juzgados sin infraestructura básica, funcionarios trabajando sin aire acondicionado y una morosidad judicial que perpetúa la injusticia”.
Con ello, exigen acciones legales. “Exigimos la intervención inmediata de la Contraloría General de la República para auditar esta licitación. Instamos al Ministerio Público a procesar a los responsables por lesión de confianza. Ratificamos nuestro pedido de juicio político a los ministros que autorizaron este gasto superfluo en medio de una crisis de impunidad”.
