10 oct 2026

Tres colombianos se sacaron las tobilleras electrónicas: “Hay que ver si hubo corrupción del sistema”

Tres colombianos, considerados por la Policía como “personas muy peligrosas”, se retiraron las tobilleras electrónicas y violaron el arresto domiciliario el pasado sábado. Se presentaban como inversionistas, pero estarían vinculados a importantes estafas. La Corte inició una auditoría para determinar por qué contaban con esas medidas y evalúa si hubo irregularidades o fallas del sistema que impidieron una alerta oportuna.

tobilleras electrónicas_02.jpg

Los colombianos se quitaron las tobilleras electrónicas.

Imagen ilustrativa.

Tras conocerse el fin de semana pasado que tres ciudadanos colombianos procesados por producción de moneda no auténtica se quitaron las tobilleras electrónicas y se fugaron de su arresto domiciliario, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón ordenó una auditoría de reacción inmediata y solicitó que se adopten medidas judiciales urgentes.

Los fugados son Jhon Jaider Millán Brand, Jeferson Mauricio Ibáñez Moreno y Carlos Mauricio Jaimes Vargas, quienes cayeron detenidos y fueron imputados en diciembre del año pasado, considerados como “personas muy peligrosas”, según había dicho el comisario César Diarte, jefe del Departamento Antinarcóticos.

En contra de los tres, está la sospecha de que formarían parte de una organización internacional denominada Consejo Nacional de Inversores, que en realidad se dedicaría a estafar con la promesa de inversiones.

La auditoría para saber las circunstancias en las que les otorgaron las medidas alternativas a la prisión se inició este lunes, a las 07:00, y el trabajo está a cargo de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional que deberá verificar y elaborar un informe técnico.

Piden autoría interna del Ministerio del Interior

La ex ministra de Justicia Cecilia Pérez habló al respecto, explicando que hay dos puntos que se deben aclarar. Por un lado, si es que el sistema de control sí alertó que se vulneraron las tobilleras electrónicas y, si a partir de ahí, se hizo o no el reporte formal al Juzgado, cuando esto sucedió, lo que da un indicio de que hubo corrupción.

Por otra parte, el segundo punto a confirmar, según Pérez, es directamente que, si “el sistema no funcionó, el camino no funcionó”.

“De cualquier manera, es una falla grave. Y si hay corrupción, es un problema grave. Si hubo una falla técnica, no va a saber el juez; a él le tienen que informar. Acá se evidencia que no se siguieron todos los controles y que el sistema de fiscalización (de las tobilleras electrónicas) no está funcionando”, expresó la ex ministra.

Antes de lanzar las primeras tobilleras electrónicas, el Sistema 911 creó el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec), que hoy está a cargo del control del uso de los aparatos.

Desde dicha dependencia, habían alertado que las tobilleras solo pueden ser removidas con herramientas especiales y que están diseñadas para ser invulnerables ante cualquier manipulación indebida. Sin embargo, eso no sucedió.

“Hay que ver si hubo una colaboración”

Cecilia Pérez consideró que si el sistema es vulnerable, se va a perder la credibilidad en los aparatos y que, incluso, las víctimas de los sospechosos procesados se van a ver afectadas.

Amerita, por lo tanto, una auditoría interna también por parte del Ministerio del Interior y que realmente se den a conocer los resultados.

“Si tenés hechos de corrupción, tenés los hechos punibles de liberación de presos y frustración de la persecución y ejecución penal. Si hay corrupción, hay una colaboración. Acá algo falla y gravemente”, expresó Pérez.

El camino se hizo de atrás para adelante, y “el último en enterarse, si es que se enteró, fue el juez”. “¿Cuántos otros casos habrá? Esto vulnera la confianza de los jueces en el sistema. ¿Quién se va a querer animar a otorgar la tobillera electrónica?”, planteó.

Más contenido de esta sección
Prófugo. La Policía sigue buscando pistas del paradero del principal autor del feminicidio.
Reclamo. Instan a denunciar casos de violencia, pero el Estado no protege a las víctimas, reclaman.
Desde enero hasta hoy, la cifra de feminicidios ya llegó a 20 casos a nivel país, según confirmó el Ministerio Público. El último caso ocurrió en la noche del jueves y la víctima es Deisy Paola Giménez Segovia (22) emboscada en plena calle de Lambaré, aparentemente por su ex pareja, quien la asesinó de tres disparos.
El juez de Ejecución Penal, Carlos Mendoza, explicó que espera el dictamen de la Junta Médica para resolver si el condenado exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre. En la diligencia de ayer, dialogó con los médicos y con el condenado, para tener inmediatez con él, según indicó.
El juez de Garantías, Marcelo Saldívar, dispuso la reapertura de la causa que investiga la muerte de Rodolfo “Rolo” Núñez tras recibir una descarga eléctrica en el Complejo Deportivo “Arrayanes” mientras participaba en un partido de fútbol. Además, fijó para el 9 de noviembre la audiencia preliminar donde estudiará el pedido de elevar el caso a juicio oral.
Raúl Fernández Lippmann, quien fuera secretario del extinto exsenador Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cumplirá su condena de siete años de cárcel en el 2032. Irá al Penal Industrial La Esperanza, según resolvió la jueza de Ejecución Sandra Kirchhofer.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó el pedido de anular el proceso por parte de la defensa del magistrado Civil y Comercial de Capitán Bado, Cristhian Ariel Sánchez Zaracho, quien ayer fue suspendido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).