A más de Diesel, estuvieron los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, este último de manera telemática.
La reunión fue presidida por el senador Colym Soroka, realizada en la sede del Congreso, en la que expusieron el informe institucional y se analizaron proyectos de ley vinculados al caso conocido como la mafia de los pagarés.
El informe señala, entre otros puntos, que en total, 35.608 juicios ejecutivos se sacaron del sistema judicial o se levantaron los embargos. Además, fueron finiquitados 14.810, de los cuales 10.590 fueron en Asunción, y 4.220 en Central.
Señalan también que caducaron 10.530 expedientes (3.588 en Capital, y 6.942 em Central). Se levantaron 8.640 embargos sobre los salarios (4.356 en Asunción y 4.220 en Central). Finalmente, se declararon de oficio 764 nulidades, de los cuales 476 son en Asunción y 288 en Central. La Defensa Pública intervino en 864 casos (720 en Capital y 144 en Central).
El informe también indica que sumariaron a 10 jueces, de los cuales 4 renunciaron, 2 están suspendidos preventivamente y uno fue destituido.
En cuanto a oficiales de Justicia, 122 fueron sumariados, 16 suspendidos, a 11 se les casó la matrícula y 7 están suspendidos por un año. Además, fueron sumariados 22 actuarios, de los que 9 renunciaron y 2 fueron destituidos. Finalmente, respecto a ujieres, 19 fueron sumariados, de los que 8 renunciaron y uno fue destituido. En cuanto a los abogados, 28 fueron sumariados.
Los ministros informaron también que de los 315 juzgados de Paz, 133 de ellos cuentan con expedientes digitalizados. También se hicieron auditorías especiales a petición del Senado. En el 2025 fueron 216 demandas y en el 2026, fueron 21 casos.
Los ministros explicaron el alcance de las medidas administrativas y disciplinarias adoptadas, así como las iniciativas legislativas impulsadas por la propia Corte, respecto a los expedientes. El informe tiene 65 páginas.
Califican como “un insulto a la inteligencia”
La Coordinadora de Víctimas de la mafia de los pagarés, en un comunicado, calificaron el informe presentado por los ministros de la Corte a la Comisión Permanente del Congreso, como “un insulto a la inteligencia del pueblo paraguayo y una burla para miles de familias estafadas”.
Repudian el documento sobre el que dicen que está “plagado de medias verdades y desinformación deliberada”. Dicen que la Corte pretende maquillar una realidad podrida intentando ocultar el colapso ético y jurídico.
Piden a la Comisión Permanente del Congreso que cese el favoritismo y que se reúnan con ellos. Además, se ratifican en su pedido de juicio político a los ministros de la Corte.
