Además, alegan que los precios publicados en los medios son para vehículos estándar de 1.9 cc. (G. 395.334.100), mientras que los que se adquirieron son de 3.0 cc. (G. 573.500.000) y de ahí la diferencia de precios, a más de todos los seguros.
Esto se dio luego de que la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés solicitara la intervención de la Contraloría y del Ministerio Público para la investigación de los supuestos montos pagados en donde habría supuesta sobrefacturación, conforme su comunicado.
Según dice la Corte, los nueve vehículos fueron adquiridos por monto de G. 573.500.000, lo que da un total de G. 5.161.500.000, que fue el precio referencial y finalmente adjudicado.
Entre las especificaciones, debían ser camionetas cinco puertas, motor 3.000, 4X4, diesel, con caja automática de seis velocidades.
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Además, debían tener garantía y mantenimiento de 3 años o 100.000 kilómetros, asientos de cuero, tanque lleno al entregar, taller autorizado para la marca, gastos de escritura, cédula verde, registro de automotor y seguro contra todo riesgo por 12 meses. El pago se hace a los 60 días de presentada la factura.
En el caso, el precio referencial se construyó con la solicitud de presupuestos de seis empresas, y presentaron los precios las firmas Automotor SA, por G. 587 millones, Toyotoshi, por G. 560 millones e Infomotors, por G. 504 millones, pero este último no cumplía con todos los requisitos. Con ello, el promedio de los dos presupuestos, quedó el precio referencial en G. 573.500.000, en el Portal de Contrataciones Públicas.
Solo uno se presentó en subasta
Sin embargo, en la subasta electrónica, solo se presentó y pujó la firma Automotor SA, con un precio inicial de G. 650 millones, pero fue adjudicado en G. 573.500.000, que fue el precio referencial, ya que cumplió con todos los requisitos.
El procedimiento se realizó bajo la modalidad de subasta a la baja electrónica bajo control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), conforme apuntan.
Según señaló la página web del Poder Judicial, la compra de las nuevas unidades vehiculares institucionales es para sustituir vehículos que contaban con varios años de uso, elevado kilometraje y crecientes requerimientos de mantenimiento, lo que impactaba en la operatividad y en los estándares de seguridad necesarios para el servicio.
Explica la información oficial, que las unidades incorporadas integran el patrimonio del Poder Judicial y están destinadas al cumplimiento de funciones institucionales, vinculadas a actividades jurisdiccionales y de gestión institucional.
La asignación de los vehículos responde a criterios funcionales y operativos, y no configura beneficios personales para magistrados ni funcionarios. Su utilización, reasignación o no utilización se encuentra sujeta a las disposiciones internas vigentes sobre administración, control y uso de bienes públicos, añaden.
