La convocatoria es a favor de Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes habían sido los que revocaron la sentencia de los campesinos que fueron condenados por la conocida como masacre de Curuguaty.
Por su decisión, los jueces fueron denunciados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien había calificado la liberación de los labriegos como una “canallada jurídica”.
Los magistrados fueron sometidos a juicio sin suspensión. Sin embargo, uno de ellos, Arnaldo Martínez Prieto, acabó renunciando a su cargo.
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El cierre de este lunes se produjo a sobre la ruta 10 Las Residentas, en el kilómetro 34, colonia Ybyra Pytä, del distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, informó el corresponsal Elías Cabral.
Martina Paredes, dirigente de los familiares de las víctimas, comentó que estarán expectantes al juicio que se pospuso para este martes a las 13.00, ocasión en que los miembros del JEM darán a conocer su veredicto.
Sobre la Masacre de Curuguaty
La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento realizado en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo, murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
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El 15 de junio del 2017, tras la sentencia firme de los 11 campesinos, los abogados defensores habían presentado un recurso de casación al Tribunal de Apelaciones.
Fue así que los camaristas absolvieron a Luis Olmedo Paredes, condenado a 20 años de prisión y Néstor Castro, con 18 años, al igual que Arnaldo Quintana. También fue absuelto Rubén Ayala.
Las otras personas beneficiadas fueron Lucía Agüero, María Fani Olmedo y Dolores López, quienes fueron sentenciadas a seis años de prisión; y Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez, Adalberto Castro y Felipe Benítez Balmori, que recibieron una sentencia de cuatro años.
