La Cámara de Senadores sancionó este miércoles la versión de Diputados del proyecto que modifica el artículo 30 del Código de Organización Judicial que habla del Tribunal de Cuentas. El documento establece la ampliación de 2 a 4 las salas para estudiar los juicios contencioso-administrativos.
Si bien las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales abogaron por la versión del Senado, que establecía que dos salas sean para el juzgamiento de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, no se reunieron los votos necesarios.
A través del voto electrónico, se consignaron 20 votos a favor de la versión del Senado, 3 votos por la versión de Diputados, 8 abstenciones y 3 senadores estuvieron ausentes. Se precisaban 23 votos para aprobar la versión de la Cámara Alta, por lo que quedó sancionada la versión de Diputados.
La iniciativa –tanto la versión del Senado como la de Diputados– es cuestionada por los opositores porque permitirá a los intendentes “puentear” a la Contraloría.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, cuestiona esta modalidad que aplican varios entes públicos al accionar ante la Corte Suprema de Justicia para eludir el control de la Contraloría, al rendir cuenta solo ante el Tribunal de Cuentas, que no aplica los controles rigurosos de la CGR.
El senador Javier Zacarías Irún, durante la exposición en el Senado, refirió que no se le quitan atribuciones y competencias a la Contraloría General de la República, y conforme al diseño constitucional, ambos órganos deben de funcionar armónicamente.
Agregó que lo que se pretende es el juzgamiento de las cuentas también de las personas públicas a través del Tribunal de Cuentas.
También el senador Derlis Maidana argumentó a favor y dijo que la versión de Diputados mantiene la exclusividad de todas las salas de juzgar la materia contencioso-administrativa y no las cuentas del Presupuesto General de la Nación, “por lo que estaríamos profundizando la controversia y no resolviéndola”.
Sostuvo que esta ley no perjudicará las facultades que correspondan a otros organismos de entidad del Estado como la Contraloría. “En ningún momento cercenamos la ley orgánica de la Contraloría ni le quitamos atribuciones”, aclaró.
Añadió que el Tribunal de Cuentas juzga las cuentas y la Contraloría tiene las atribuciones de control, supervisión, auditoría y fiscalización.
En contra
El senador Eduardo Nakayama indicó que están claras las funciones tanto de la Contraloría como del Tribunal de Cuentas, pero eso no lo entienden “los controlados”, y proceden a bloquear cualquier informe o auditoría. El legislador se abstuvo de votar.
“Acá no hay intención de sacarle ninguna atribución al poder juzgador, pero tampoco a través de esta modificación dejar en tela de juicio o dejar una zona gris ante la advertencia que tenemos del poder contralor, porque vino el contralor general de la República a advertir sobre este tema”, comentó.
“Yo creo que nosotros no podemos tampoco utilizar esto como blindaje posadministración pública”, manifestó, ya que la mayoría de las auditorías se hacen en periodos cerrados.
Por su parte, el senador Rafael Filizzola dijo que el Tribunal de Cuentas dejó de tener sentido, ya que la Contraloría asume las funciones de este.
Señaló que la Contraloría “eventualmente abuse, chantajee, mire hacia otro lado, no quiere decir que nosotros tengamos que validar estas maniobras de las cuales se han validado varias administraciones para no rendir cuentas ante la Contraloría General de la República”.
“Lo que se va a hacer hoy es terminar de matar la Contraloría, para los amigos que puedan conseguir una medida cautelar. Van a consolidar por ley”
La senadora Celeste Amarilla pidió que el presidente Santiago Peña vete esta ley para evitar que los intendentes “puenteen la Contraloría”.
“Si los parlamentarios no respetamos un órgano extrapoder, que está bien reglado en la Constitución y pretendemos puentearlo, pues está en manos del presidente, que ya lo ha hecho otras veces, vetar leyes que han salido de acá de manera irresponsable”, expresó.
