10 nov. 2024

Tribunal de Cuentas

Camilo Benítez, titular de la Contraloría, dio a conocer un documento en el cual cuestiona los fallos de la Corte a favor de entes públicos que buscan evitar que la Contraloría los audite.
El contralor general de la República, Enrique García, dijo este viernes que el juicio político en su contra genera una situación de preocupación personal pero también institucional, porque debilita a la Contraloría General de la República (CGR).
Autoridades de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) apelaron la resolución del Tribunal de Cuentas, que ordena la reposición del ex rector en la institución, tras haber sido destituido del cargo en el 2015.
Ciudadanos y autoridades locales marcharon este domingo en Ciudad del Este para pedir la imputación del clan Zacarías y la intervención del municipio, que está administrado por la intendenta Sandra McLeod, esposa del senador Javier Zacarías Irún.
Cuatro concejales liberales de la Gobernación de Canindeyú presentaron un pedido de informe sobre la situación financiera de la institución durante el ejercicio 2017 y parte del 2018, que afecta a la administración del ex gobernador Alfonso Noria Duarte.
La Contraloría General de la República (CGR) dispuso auditar el ejercicio financiero de 2017 y los primeros ocho meses de este año en la Gobernación del Departamento de Canindeyú. La administración corresponde al ex gobernador Alfonso Noria Duarte (ANR).
Jueces de la Asomap repudian el actuar del titular de la Defensoría, Miguel Godoy, quien este lunes protestó a los gritos en el Palacio de Justicia tras un dictamen a favor de la abogada Olga Blanco. Los magistrados piden a la Corte que tome medidas y remita los antecedentes a Diputados para un eventual juicio político.
El defensor del Pueblo Miguel Godoy anunció este lunes que presentará una denuncia ante el JEM contra Martín Ávalos y María Celeste Jara, jueces que dictaron una llamativa medida cautelar para que una ex funcionaria vuelva a su cargo, tras haber sido desvinculada porque contaba con un proceso por supuesto hecho de tortura.
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el acceso a los documentos que, supuestamente, la Gobernación de Alto Paraná presentó a este organismo. La auditoría se debe realizar al presupuesto del 2017, utilizado durante la gobernación de Justo Zacarías.