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Sociedad civil debate sobre Anexo C y militarización en Concepción

Durante una reunión impulsada por la Pastoral Social Diocesana en la ciudad de Concepción, actores de la sociedad civil debatieron sobre aspectos que hacen a la realidad social, entre ellos el Anexo C de Itaipú y la militarización de la zona.

El evento que se llevó a cabo este sábado cuenta con la presencia de así como representantes de numerosas organizaciones de distintos ámbitos, como del campesinado, maestros, jóvenes, estudiantes, profesionales de salud y del derecho, entre otros.

En la ocasión, Codehupy también dio a conocer los principales hallazgos de su Informe Norte, a cargo de Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la organización.

El representante de la Pastoral Social habló sobre los ejes de trabajo en la zona. En ese sentido, citó la asistencia, la capacitación y la generación de conciencia social.

Otro punto abordado fue el mensaje que dieron los integrantes de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) sobre la renegociación del Anexo C, aspectos sociales, entre otros.

“La carta, según informaron durante el evento, estará disponible para todos los feligreses en las distintas parroquias de la ciudad de Concepción”, informaron.

Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo, cuestionó la política de seguridad establecida para los departamentos del Norte, señalando que no se han cumplido con los objetivos.

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Ayala dijo que la militarización es un impacto negativo para un amplio conjunto de derechos humanos de la población civil, sin lograr resultados en los problemas reales en materia de seguridad en la zona.

Por otro lado, reiteró que existen denuncias sobre ejecuciones arbitrarias, operativos con muertes en circunstancias poco claras y criminalización de líderes sociales. Todo esto bajo pretexto de que brindan algún tipo de apoyo a grupos delictivos.

Ayala sostuvo que en el fondo, este tipo de actuaciones en el marco de la militarización, tienen como objetivo controlar los reclamos sociales.

Además, cuestionó la falta de transparencia del uso de recursos para sostener un cuerpo de seguridad.

“La política de seguridad del Estado para el norte de la Región Oriental del país parece estar destinado al control de la conflictividad social, en un contexto donde se está potenciando políticas de intervención extractivistas que tendrán gran impacto ambiental y social”, concluyó.

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