La Cámara de Senadores tratará este miércoles como punto 5 del Orden del Día el proyecto de ley que “Establece el protocolo especial para la búsqueda por medios digitales de personas desaparecidas”.
El proyecto es iniciativa del diputado oficialista Saúl González y fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 15 de julio.
En la exposición de motivos se observa que este proyecto de ley busca ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas, atendiendo que muchas veces las compañías privadas y públicas de telefonía celular demoran en dar informaciones requeridas por juzgados, la Fiscalía y la Policía Nacional sobre la geolocalización o por lo menos la triangulación de las últimas tres torres en donde se utilizó el teléfono celular de la persona desaparecida.
“Las compañías, si fuese el caso, deben ser emplazadas a que acomoden su infraestructura, con el fin de dar una respuesta rápida, casi en tiempo real. Sabemos que eso es posible por la sencilla razón de que existen empresas que brindan ese servicio a automóviles o similares en tiempo real”, reza el documento.
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Cámara Alta
En la Cámara de Senadores, este proyecto fue girado a un total de cuatro comisiones, de las cuales, la única que dictaminó fue la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro. Su dictamen fue por el rechazo del proyecto.
En el dictamen, firmado por Patrick Kemper, Juan Carlos Nano Galaverna, Rubén Velázquez y José Oviedo, se señala que durante el estudio del proyecto recién expondrán los motivos del rechazo. Este dictamen se emitió el pasado 13 de octubre.
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Proyectista
A mediados de julio, cuando se dio la media sanción del proyecto, el diputado Saúl González, proyectista del documento, dijo a la plenaria que uno de los principales obstáculos en las investigaciones de personas desaparecidas son las demoras de las compañías telefónicas para entregar información crucial.
“Los familiares de desaparecidos, frecuentemente, reciben de las autoridades la respuesta de que las compañías telefónicas demoran en dar la información requerida sobre la geolocalización y triangulación de antenas celulares”, expresó.
El proyecto designa al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional como la entidad principal encargada de estas investigaciones. Sin embargo, también otorga facultades a la Fiscalía General del Estado a solicitar, directamente, a los juzgados de garantías, cuando la Policía Nacional no active el protocolo de inmediato.
Los oficios serán tramitados mediante la figura del “anticipo jurisdiccional de pruebas”, garantizando un marco legal sólido para las solicitudes de información, según la propuesta.
