Poder Judicial
El juez de Garantías Rolando Duarte advirtió que no vacunar a los niños constituye un delito penado por la ley. Señaló que se configura como el hecho punible de violación del deber de cuidado y educación, y que, en casos graves –cuando el menor muere a raíz de la enfermedad–, incluso podría tipificarse como homicidio doloso.
Con testificales continuó el segundo juicio oral contra Pedro Lerea, el ex vocalista del grupo musical de rock Pipa para Tabaco. Está acusado por supuesta tenencia de estupefacientes, luego de que le hallaran con drogas en un allanamiento en su vivienda durante la pasada pandemia, según el Ministerio Público.
Cristian Rafael Morínigo, alias La Gorda, jefe de la barra La Plaza del club Cerro Porteño, ex funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que cayó en un operativo antidrogas, tiene prisión preventiva dictada por el juez de Garantías Rolando Duarte. Fue imputado por supuestos hechos de tenencia y comercialización de drogas.
El juez de Garantías de Filadelfia, Elbis Bernal, no le dio trámite a la recusación en su contra, continuó la preliminar y elevó a juicio oral la causa contra el juez de Sentencia de Boquerón, Amado Yuruhan Díaz, imputado en principio por supuesto acoso sexual, pero finalmente deberá defenderse por coacción grave, tras modificarse la calificación.
Imputan a hijo de Lalo Gomes y a su abogado Óscar Tuma por supuesta alteración en Registros Públicos
Los agentes fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez imputaron a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes; a su abogado, Óscar Tuma, y a la funcionaria de Registros Públicos, Alcira Rodríguez, por supuestamente alterar los datos en Registros Públicos, con el fin de permitir la venta de bienes del encausado en el caso Pavo Real II.
Un tribunal de Sentencia condenó a 6 años de cárcel a un hombre de 26 años, empleado de un supermercado, quien, a través de su cuenta de Facebook, conversó y pidió fotos de carácter sexual a una niña de 7 años.
La condenada por el desvío de G. 68.000 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Maristela Azuaga, ya cumple su pena de 10 años de cárcel. La jueza de Ejecución, Lidia Wyder, estableció el cómputo definitivo de la pena impuesta, que la compurgará el 3 de diciembre de 2032.
El juez Osmar Ariel Baeza, responsable de otorgar la libertad condicional al principal sospechoso del asesinato de la niña Melania Monserrath (11), argumentó su decisión de otorgar la libertad condicional al hombre condenado por abuso sexual, afirmando que reunía todos los requisitos legales para acceder al beneficio.
Los padres de Sol Chávez, fallecida por intoxicación con flúor, María Edith Franco y José Chávez, se encadenaron frente al Palacio de Justicia para exigir al Tribunal de Apelación Penal que ratifique las condenas de cuatro años para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y de tres años para Sandra Hermosa.
Esta mañana, las víctimas de la mafia de los pagarés, como lo anunciaron, siguieron con su manifestación frente al Palacio de Justicia. Prevén quedarse por un día más. Ahora fueron recibidos por el ministro de la Corte, Gustavo Santander, que escuchará sus reclamos.
Hugo Alfredo Ferreira Godoy, de 37 años, fue aprehendido durante un allanamiento en su vivienda. El procedimiento fue encabezado por personal Antinarcóticos y se incautaron drogas y otras evidencias.
Finalizó la audiencia preliminar en el caso de la firma Ara de Finanzas ante el juez de Garantías, Miguel Palacios, donde el principal imputado es el ex director de la firma, Carlos Hugo Sosa Palmerola, entre otros. En el caso, se investiga un supuesto perjuicio de 14 millones de dólares en el 2014. Las defensas piden prescribir la causa.
Dos mujeres relatan que la Justicia ni el Poder Legislativo ni el Ministerio de Salud dan respuestas para frenar los embargos ilegales por demandas que les inventaron. Sostienen que viven con G. 1 millón mensuales y tienen enfermedades.
Miembros de la Coordinadora de la Mafia de los Pagarés se manifestaron esta mañana frente al Palacio de Justicia, donde entregaron una nota solicitando audiencia con los ministros de la Corte. Además, anunciaron que desde la próxima semana realizarán una vigilia. Afirman que, a nivel país, hay unas 17.000 víctimas, de las cuales 15 se habrían suicidado.
La jueza de Ejecución, Lidia Wyder, rechazó un pedido de tutela jurisdiccional, presentado por la defensa de María Virginia Araki, esposa de Federico Santoro, para obtener autorización a fin de seguir la carrera de Derecho de forma virtual desde su lugar de reclusión.
El Tribunal de Apelación de Central ratificó la pena de 30 años de cárcel para Nelson Ramón Aranda Vega, que fue encontrado culpable de matar a su pareja Claudelina Ruiz Díaz Ledesma, quien recibió un disparo a la altura del rostro. El caso ocurrió el 30 de julio de 2022, en San Antonio.
Un comerciante denunció que fue estafado en el 2017, y hasta ahora, a casi ocho años del caso, no puede hacerse el juicio oral. Mañana debía realizarse la audiencia, pero fue suspendida por un certificado médico. El tribunal de Sentencia pasó el juicio para marzo del 2026. También dice que hay peligro de prescripción.
La fiscala de Caazapá, Laury Rossana Vázquez, solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional medidas urgentes de protección y seguridad para una niña, víctima de abuso sexual, y su núcleo familiar, ante la fuga del presunto autor del hecho, un agente policial que cumplía arresto domiciliario.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, condenó a 2 años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la pena, a uno de los procesados en el caso del millonario robo de cables de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
El juez de Garantías, Miguel Palacios, decretó el arresto domiciliario de Angélica García Barrios, la mujer que fue filmada cuando golpeaba a un anciano que estaba a su cuidado. El fiscal Julio Ortiz le imputó por violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad y solicitó la prisión.
La jueza de Garantías, Clara Ruiz Díaz, decretó la prisión preventiva del ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, detenido en una redada policial tras estar prófugo desde el 2019.
Una de las condenadas en el caso de la Asociación de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay apeló la resolución por la que se le intima a presentarse para cumplir con su pena por lesión de confianza. La querella pide ahora que no se le dé trámite al recurso hasta que se ponga a disposición judicial.
Juez intima al ex diputado Carlos Soler para que se presente a cumplir condena de 4 años de encierro
El juez de ejecución de Delitos Económicos, Carlos Mendoza, intimó al ex diputado por Patria Querida (PPQ), Carlos Soler, a que en el plazo de 24 horas se presente ante el juzgado, comisaría o penitenciaría para cumplir con su condena de 4 años de encierro por extorsión, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias.
El fiscal Julio César Paredes imputó a un hombre y pidió su prisión preventiva porque, presuntamente, intentó hurtar un corte de carne de tapa cuadril de un valor de G. 101.900, de un local comercial de la firma Biggie. Sin embargo, el juez le eximió de medidas cautelares.
Pidieron que en 50 casos más se reconstruyan los expedientes, ya que estos no aparecen. Mientras, como medidas cautelares solicitaron suspender en esas causas los cobros compulsivos.
El Tribunal de Apelación Penal, con voto dividido, revocó la desestimación y ordenó que continúe la investigación de una causa por supuesta estafa y otros, a la cual se le dio el trámite de oposición, ratificado por la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, por lo que la jueza Cynthia Lovera desestimó el caso.
La fiscala Teresilde Fernández solicitó la pena de 2 años de cárcel para el ex intendente de Puerto Casado Hilario Adorno Mazacote por supuestos hechos de administración en provecho propio y lesión de confianza. Sus defensores pidieron la absolución del ex jefe comunal.
Un grupo de docentes víctimas de la mafia de los pagarés, la mayoría de proveniente de Itapúa, se manifestó esta mañana frente del Palacio de Justicia para reclamar el cese de los descuentos de sus haberes.
Según las estadísticas del Poder Judicial, entre el 2020 y el 2025, hubo 5.841 casos judiciales de abuso sexual en niños. De ellos, en Central se registraron 1.896 causas de abuso sexual en niños que llegaron a estrados judiciales. Le siguen el Alto Paraná y Asunción. En ese lapso, se dieron 1.481 condenas en todo el país.
La Clínica Forense del Ministerio Público examinó entre enero y abril a 646 víctimas de abuso sexual de las cuales el 80% tienen entre 1 y 14 años. Es una dependencia con recursos insuficientes para responder a la alta demanda de las intervenciones.
De las 5.841 causas judiciales por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes registradas en los juzgados de Garantías del país, entre el 2020 y abril de este año, solo en el 25,4% hubo condenas para los agresores.